MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, 65, 75, FRACCIÓN II, 77, FRACCIÓN III, INCISO A), 78, 79, 80, 88, 157, FRACCIONES III Y IV, 161, 178, FRACCIONES II Y XI, 190, FRACCIÓN III Y SIGUIENTES PÁRRAFOS, 193, 195, 196 Y 198 DE LA LEY RELATIVA, QUE REGULAN EL TRANSPORTE DE CARGA PRIVADO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial local el 27 de marzo de 2020, en materia de transporte de carga, argumentando que al regular los permisos y/o autorizaciones para carga en vías de jurisdicción municipal, vulneran el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución General. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que son normas heteroaplicativas y el quejoso no demostró el acto de aplicación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al levantar el sobreseimiento decretado, determina que los artículos 57, 65, 75, fracción II, 77, fracción III, inciso a), 78, 79, 80, 88, 157, fracciones III y IV, 161, 178, fracciones II y XI, 190, fracción III y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, que regulan el transporte de carga privado, no violan el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: Lo anterior, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 46/2011 (9a.), sostuvo que el servicio público de tránsito es la actividad técnica realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como conductor o como pasajero, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, de animales y de vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública, por lo que está dirigido a usuarios en general; y que el transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto a otro, y que se divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. Además, precisó que el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución General otorga facultades a los Municipios –dentro de su ámbito territorial– en materia de tránsito, sin que se aborden temas atinentes a transporte. En ese contexto, si el quejoso demostró ser permisionario del transporte público federal, con permiso para prestar el servicio de autotransporte federal de carga expedido por el director general del Centro SCT en el Estado de Baja California, es claro que si la normatividad impugnada le impone la obligación de empadronamiento (registro) ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, ello en forma alguna corresponde a una actividad de tránsito, por el contrario, denota un tópico de transporte; de ahí que no se vulnera el artículo constitucional referido. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.