VISTA AL OFERENTE DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE LLEVARSE A CABO CON EL CONTENIDO DE LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL QUE DA FE DE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL TESTIGO POR LA INEXACTITUD DE SU DOMICILIO, CUANDO EXISTA UN APERCIBIMIENTO DE MULTA Y DESERCIÓN DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En un juicio ordinario civil la tercera interesada demandó, entre otras prestaciones, el otorgamiento y firma de escritura derivado de la celebración de un contrato de compraventa de un inmueble y la demandada reconvino de la actora el cumplimiento de éste por el pago total del precio más las penas convencionales pactadas; se dictó auto admisorio de pruebas, en el que se admitió la testimonial ofrecida por la demandada y al haberse señalado la imposibilidad de presentar al testigo se ordenó su citación por conducto del actuario judicial, apercibiendo a la oferente que en caso de que el domicilio resultara inexacto, o de comprobarse que se ofreció con el propósito de retardar el procedimiento, se le impondría una multa. La actuaria razonó la imposibilidad para realizar la notificación a la testigo, pues dio fe de que no localizó la calle buscada y se dio vista a la actora para que manifestara lo que a su interés conviniera; después de desahogada la vista se impuso la multa y se declaró desierta la prueba por falta de interés jurídico de su oferente; contra esa determinación se interpuso recurso de apelación, en el cual se confirmó el auto apelado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, de la interpretación conforme del artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que debe llevarse a cabo la vista al oferente de la prueba testimonial con el contenido de la razón del actuario judicial que da fe de la imposibilidad de notificar personalmente al testigo por la inexactitud de su domicilio y, con sustento en lo que aquél exponga, podrá resolverse si se hace efectivo el apercibimiento de multa en su contra y deserción de la prueba, o bien, si es procedente continuar con su preparación y desahogo. Justificación: Lo anterior, porque a pesar de que no existe precepto legal que establezca la obligación del órgano jurisdiccional de dar vista al oferente de una prueba testimonial con la razón actuarial en la que se dio fe de la imposibilidad de notificar al testigo en el domicilio proporcionado por él, no puede soslayarse que previamente a proveer sobre las consecuencias que puede generar la fe pública de la que está investido el actuario judicial, debe darse vista con dicha razón a la parte oferente, ya que si bien el auto que contiene el apercibimiento de multa y deserción de la prueba tiene su fundamento en el citado artículo 357, conforme al cual, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al promovente una sanción pecuniaria a favor del o los colitigantes, que no podrá ser inferior de seis mil ni superior de diez mil pesos, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, debiendo declararse desierta la prueba testimonial; lo cierto es que lo así establecido por el legislador debe tener una limitante necesaria para respetar el derecho fundamental de audiencia, en su vertiente relacionada con el derecho a ofrecer y desahogar pruebas en los plazos y con las formalidades establecidas por el legislador, así como el derecho de acceso efectivo a la justicia, en su etapa judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, el cual no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que ésta se tramite conforme a las garantías procesales, pues no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones ni con la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos y parte de esa efectividad implica, precisamente, que se tenga conocimiento preciso de las actuaciones judiciales relevantes para defenderse debidamente, al ser indispensable que las autoridades cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución General y en los diversos tratados internacionales de los que nuestro país es Parte. Lo que implica dar vista a la parte directamente afectada con el contenido de la razón del actuario judicial y con sustento en lo que se exponga y pruebe al respecto, podrá resolverse si se hace efectivo el apercibimiento relativo, o bien, si es procedente continuar con la preparación y desahogo de la probanza de que se trata. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.