DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO CONSTITUYE CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHARLA, LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 146/2012 (10a.) CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), DE EMITIR EL DICTAMEN TÉCNICO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2014).

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al analizar casos en los cuales se promovieron juicios de amparo indirecto contra la negativa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de expedir el dictamen técnico establecido en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vigente a partir del 11 de enero de 2014, pues mientras uno consideró que por aplicación de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debía desecharse la demanda al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia derivada de los artículos 5o., fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el otro tribunal sostuvo lo contrario.

El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclame la negativa de la Condusef de expedir el dictamen técnico establecido en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vigente a partir del 11 de enero de 2014, no procede desechar la demanda de amparo indirecto por estimarse que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia derivada de los artículos 5o., fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2012 (10a.).

Un supuesto que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar como manifiesta e indudable una causa de improcedencia se actualiza cuando existe jurisprudencia de ese Máximo Tribunal en relación con el tema en particular. Sobre el dictamen técnico establecido en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, existe la tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2012 (10a.), que determinó que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque el dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación y se traduce sólo en una prueba preconstituida sujeta a las reglas de valoración en el juicio respectivo. Sin embargo, dicho artículo 68 Bis, junto con el 68, fracción VII, del propio ordenamiento jurídico, fueron reformados por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, en vigor al día siguiente, para prever que el dictamen, cuando consigna una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, es un título ejecutivo no negociable a favor del usuario, de manera que este elemento novedoso no pudo ser considerado por el Alto Tribunal al emitir su criterio firme en el sentido de que no se está frente a un acto de autoridad, por lo que no podría afirmarse, a partir de un examen preliminar del asunto como el que se realiza para proveer sobre la presentación de la demanda de amparo, que deben seguirse aplicando las razones de la referida tesis jurisprudencial y que, por tanto, debe desecharse el ocurso inicial. PLENO REGIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.