IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO RECLAMA LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO TOTAL EN LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN, AL HABERLA CONSENTIDO.

Hechos: Un Juez de Control libró orden de aprehensión contra una persona, quien con posterioridad a que transcurrió un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad señalada para el delito imputado, solicitó que se declarara la extinción de la acción penal por prescripción, lo que se acordó favorablemente, decretándose el sobreseimiento total en la causa. Inconforme con ello, únicamente el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación, no así la víctima u ofendido, no obstante que se encontraba en aptitud jurídica y material de hacerlo, incluso para interponer apelación adhesiva. El Tribunal de Alzada resolvió confirmar la determinación de primera instancia, y contra esa sentencia la víctima promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando la víctima u ofendido del delito promueve juicio de amparo directo contra la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento total decretado en la causa por prescripción de la acción penal, y sólo el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación, se actualiza la causa de improcedencia por consentimiento de los actos reclamados prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues al ser sujeto del procedimiento penal, previamente a la promoción de la instancia constitucional debe impugnar a través de los medios ordinarios de defensa todas aquellas resoluciones que le generen una afectación. Justificación: Conforme al artículo 105, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido es sujeto del procedimiento penal; además, cuenta con igualdad de armas respecto de las demás partes y tiene a su alcance la obligación de hacer uso de los medios de impugnación para combatir las determinaciones que le agravien, incluso de recurrir en apelación adhesiva para formular agravios, de conformidad con el artículo 473 del código en mención. En ese sentido, en caso de que pretenda controvertir vía amparo directo la resolución de apelación que tuvo como origen una determinación de primera instancia que previamente no controvirtió, la vía constitucional resulta improcedente, al haberla consentido. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.