DEFENSORÍA PÚBLICA GRATUITA. ES OBLIGACIÓN DE LA JUNTA SOLICITARLA A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, EN FAVOR DE LA PERSONA TRABAJADORA –ADULTA MAYOR– QUE LO REQUIERA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1 DE MAYO DE 2019).

Hechos: En un juicio laboral se omitió atender la petición del trabajador –adulto mayor– de que se le asignara un defensor de oficio. La Junta absolvió a la empresa demandada de la acción principal, consistente en la indemnización constitucional y salarios caídos, condenando a otras prestaciones, pero no en los términos reclamados por el actor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es obligación de la Junta solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo la defensoría pública gratuita en favor de la persona trabajadora que lo requiera, para garantizar su derecho a una defensa adecuada. Justificación: Lo anterior es así, porque el derecho a una defensa adecuada, entendido como la prerrogativa fundamental de una persona para ser asistida por otra, experta en la materia de que se trate, ante un tribunal, reconocido en los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe entenderse aplicable a cualquier rama del derecho en la cual participe un grupo vulnerable, como sucede con un trabajador; máxime si se trata de una persona adulta mayor, lo cual acentúa su estado de vulnerabilidad en el procedimiento, tomando en cuenta el desgaste físico y el deterioro emocional que implica llevar por sí mismo un juicio respecto del cual desconoce su trámite. En ese sentido, conforme a los artículos 782 y 886, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas tienen la facultad de ordenar, de oficio, el desahogo de las diligencias que estimen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, y de acuerdo con el artículo 530 del propio ordenamiento, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene, entre otras funciones, representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas laborales. Por tal motivo, cuando se advierta o se estime actualizada una indebida o falsa representación que no garantice una defensa adecuada para la persona trabajadora, las Juntas deben ordenar las actuaciones que estimen convenientes, evitando que aquélla sea mal representada y dejarla en una situación de mayor vulnerabilidad, debiendo vigilar y garantizar que sea correctamente asesorada en el juicio, actuando con un enfoque de derechos humanos, que exige proteger a las personas adultas mayores –grupo vulnerable– de los actos que pudieran atentar contra su dignidad, integridad, bienestar y desarrollo, así como a recibir un trato digno y preferente en la protección de sus derechos. No actuar de ese modo implica dejarlas en estado de indefensión frente a su contraparte, actualizando una violación procesal en términos de la fracción II, relacionada con la diversa XII, ambas del artículo 172 de la Ley de Amparo que trasciende al resultado del fallo y amerita reponer el procedimiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.