DECLARACIONES DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS QUE HAYAN FALLECIDO. EL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER LA EXCEPCIÓN DE INCORPORARLAS MEDIANTE LECTURA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN Y DE CONTRADICCIÓN.

Hechos: El Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un amparo directo sostuvo que el artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se prevé la excepción de incorporar por lectura las declaraciones de víctimas u ofendidos que hayan fallecido, era constitucional, a la luz de los principios de inmediación y de contradicción. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la incorporación por lectura de declaraciones rendidas en la etapa de investigación cuando la víctima u ofendido haya fallecido, no vulnera los principios de inmediación y de contradicción previstos en el artículo 20 de la Constitución Federal. Justificación: El fallecimiento de la víctima u ofendido del delito ocurrido antes de que comparezca a la audiencia de juicio oral constituye una razón justificada para establecer una excepción a la exigencia de que comparezca a la audiencia de juicio para que se produzca la prueba testimonial, ante la presencia de la persona Juzgadora y con oportunidad para que la defensa del acusado pueda examinar la credibilidad del testigo a través de un ejercicio contradictorio, dado que se trata de una contingencia insuperable material y jurídicamente. Asimismo, del análisis de esta excepción, es posible determinar que se parte de la premisa de que la persona ha declarado ante el Ministerio Público y que se proporcionó un conocimiento especial sobre los hechos que son materia de la carpeta de investigación, así como que se configura el supuesto de excepción, siempre que en su obtención y en su incorporación al proceso se haya respetado el derecho de defensa del acusado, lo que implica la necesidad de cubrir alguna de las siguientes condiciones: 1) que el imputado o acusado haya contado con la oportunidad de interrogar o contrainterrogar el testimonio de cargo en algún momento de las etapas previas a la audiencia de juicio oral, como sucede en los casos en que el testigo comparece en su calidad de medio de prueba durante el plazo constitucional, previo a decidir si se vincula al imputado al proceso; o 2) que la declaración incorporada mediante lectura no constituya el principal elemento de prueba para justificar la sentencia de condena. También se debe considerar que la referida declaración debe ser exhibida al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que la reconozcan o informen sobre ella, y sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada, con lo cual, la excepción prevista en el referido artículo no resulta violatoria de los principios de inmediación y de contradicción previstos en el apartado A del artículo 20 constitucional. PRIMERA SALA.