SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2448 D Y 2448 F DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RENTAS (GACETA OFICIAL LOCAL DE 28 DE AGOSTO DE 2024).

Hechos: Una persona moral, arrendadora de fincas urbanas destinadas a la habitación, promovió amparo indirecto en el que impugnó el decreto referido, mediante el cual el Congreso Local estableció que el incremento de la renta de casa habitación no puede ser mayor a la inflación del año anterior, e impuso la obligación a cargo de los arrendadores de registrar los contratos de arrendamiento en un registro digital que establecerá el Gobierno de la Ciudad de México. El Juzgado de Distrito negó la suspensión definitiva porque la quejosa la solicita con base en situaciones futuras de realización incierta. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente la suspensión definitiva contra los efectos y consecuencias del decreto que reforma los artículos 2448 D y 2448 F del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en materia de rentas, publicado en la Gaceta Oficial local el 28 de agosto de 2024, pues de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Justificación: La sociedad está interesada en que la población tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, y una de las medidas para garantizar el derecho relativo consiste en la implementación de políticas públicas que protejan a los inquilinos contra aumentos desproporcionados de las rentas, que es lo que pretenden lograr las normas generales reclamadas mediante una restricción a éstos, lo que responde al aumento desmedido del costo de las rentas de vivienda en la Ciudad de México. En ese sentido, las normas impugnadas buscan obtener beneficios para todos los integrantes de la sociedad, incluidas las adiciones al artículo 2448 F, pues el Registro Digital de Contratos que prevé tiene como finalidad que el Gobierno local realice un seguimiento de los aumentos de alquiler permitidos, a fin de poder establecer o modificar otras acciones y programas en materia de precios de rentas. Lo anterior, sin perjuicio de que en el fondo del asunto pueda analizarse la constitucionalidad de tales preceptos en relación con el derecho a la libertad contractual. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.