RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN DETERMINAR EL MONTO INDEMNIZATORIO POR ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEBEN ANALIZAR CÓMO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PUEDE CAMBIAR LA MANERA DE PERCIBIR Y VALORAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO.

Hechos: Una adolescente de 16 años de edad, junto con su madre y su abuela, reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado con motivo de la extirpación de su ovario y de su trompa de falopio izquierdos, a consecuencia de una deficiente atención médica. Ante la falta de respuesta de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social promovieron juicio de nulidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenó a la autoridad demandada al pago de la reparación del daño y al cumplimiento de las obligaciones correlativas. Contra esa decisión promovieron amparo directo, al estimar que la condena tanto cuantitativa como cualitativamente no era adecuada a la gravedad del caso. Criterio jurídico: Las autoridades involucradas en la determinación del monto indemnizatorio por responsabilidad patrimonial del Estado deben considerar cómo las condiciones y circunstancias por cuestiones de género afectan la apreciación de los hechos y las pruebas de la controversia, y cómo las funciones de uno y otro género pueden cambiar la manera de percibir y valorar los hechos y circunstancias del caso. Justificación: Para fijar correctamente el monto indemnizatorio por responsabilidad patrimonial del Estado es indispensable que las personas juzgadoras utilicen un método que les permita analizar la realidad y fenómenos diversos con una visión incluyente de las necesidades de cada género, y así detectar y eliminar las barreras y obstáculos que puedan discriminar a las personas con base en esa categoría. Todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales desplegadas por las autoridades en todos los ámbitos de la vida pública del país que incluyan una metodología basada en transversalizar perspectivas, son garantes de que dichos análisis se conviertan en una herramienta efectiva para la exigibilidad de derechos. Inadvertir los aspectos destacados puede condicionar el acceso a la justicia, en tanto se invisibiliza la situación particular de quienes participan en la controversia, especialmente mujeres, niñas y adolescentes. VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.