Artículo 119 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México

Este artículo dice que todas las autoridades, al hacer su trabajo, deben poner atención especial en las personas que sufren más discriminación, sobre todo las más pobres o las que enfrentan varias exclusiones al mismo tiempo. También deben mejorar cómo recogen y analizan datos, separándolos por cosas como origen, color de piel, edad, discapacidad, género, preferencia sexual o situación migratoria, entre otras. Además, tienen que crear medidas para ayudar a quienes están en desventaja y asegurarse de que la información sobre planes y proyectos sea fácil de entender para todos. Por último, deben hacer pláticas y campañas para promover el respeto y evitar actitudes discriminatorias.

Texto oficial

Artículo 119. En el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de la actividad pública, todas las autoridades deberán atender las perspectivas de transversalidad e integralidad de conformidad con lo siguiente: Dirigir la atención prioritaria hacia las personas que sufren discriminación y están desfavorecidas en cualquier contexto dado, especialmente los grupos más pobres y los que sufren discriminación múltiple por cuestión de interseccionalidad; Fortalecer las capacidades de acopio y análisis de datos para garantizar que estos se encuentren desglosados, en la medida de lo posible, por criterios de origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil y cualquier otra categoría sospechosa; Promover medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa para favorecer la igualdad sustantiva; Colocar la información de los planes, programas, políticas y proyectos disponible en formatos accesibles para todas las personas que habitan la Ciudad, y; Prever actividades en materia de educación cívica, campañas de comunicación y el fortalecimiento institucional para promover actitudes no discriminatorias y un cambio de comportamiento a favor del respeto a los derechos humanos.