Artículo 12 de la LEY ÓRGANICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Fiscal Anticorrupción debe entregar cada año un informe público al Procurador de Justicia de la CDMX, explicando qué hizo y qué resultados tuvo. Ese informe también va al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y al Congreso de la CDMX, para que todos puedan revisarlo. En el informe tiene que decir cuántas investigaciones inició, de cuáles fue por denuncias de ciudadanos o anónimas, cuánto tardó en atenderlas y en qué estado están. También debe incluir cuántos casos cerró, cuánto dinero gastó y si sus acciones realmente ayudaron a reducir la corrupción. Todo esto es público, según la Ley de Transparencia de la CDMX.

Texto oficial

Artículo 12.- El Fiscal Anticorrupción presentará anualmente al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México un informe sobre las actividades sustantivas desempeñadas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables en la materia. El informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y al Poder Legislativo de la Ciudad de México, y deberá contener por lo menos, lo siguiente: I. El número de averiguaciones o carpetas de investigación iniciadas en el ejercicio, señalando las que fueron producto de denuncias de instancias de control y fiscalización, denuncias de particulares y anónimas, las iniciadas de oficio, querellas, así como su resultado y el estado que guardan; II. El tiempo de respuesta al trámite de cada averiguación o carpeta de investigación iniciada, desde que fue del conocimiento de la Fiscalía Especializada hasta la última acción emprendida bajo su responsabilidad; III. El número total y el resultado obtenido de los asuntos concluidos por la Fiscalía; IV. El número y estado que guardan los turnos y consignaciones realizadas ante las diversas instancias competentes, distinguiendo las que fueron con y sin detenido; V. El resultado del ejercicio presupuestal a su cargo, señalando con claridad las metas, objetivos, acciones, indicadores y los resultados obtenidos; VI. Los indicadores que permitan evaluar el desempeño de su gestión; y VII. Un dictamen sobre el impacto de su actuación en detrimento de los hechos considerados por la ley como hechos de corrupción.