Artículo 34 de la LEY AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuando alguien pide permiso para hacer una obra o actividad que pueda dañar el medio ambiente, la Secretaría (la dependencia encargada) revisa el estudio de impacto ambiental y luego da una respuesta con razones claras. Puede autorizar el proyecto tal como lo pidieron, o aprobarlo pero con cambios o medidas obligatorias para evitar, reducir o reparar el daño. También puede negar el permiso si el proyecto viola leyes o normas, daña la salud de las personas o especies protegidas, contiene información falsa, o no garantiza que el ambiente y la gente estén seguros. En la Ciudad de México, por el bien común, la Secretaría solo permite derribar árboles en casos muy especiales, como cuando están muertos o enfermos, y prefiere transplantarlos o exigir que se reponga el daño, ya sea plantando más árboles o pagando una compensación si no hay otra opción.

Texto oficial

Artículo 34.- Una vez evaluado el estudio de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, en la que podrá: I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados; II. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención, mitigación o compensación, así como a la aplicación de criterios de sustentabilidad, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la ejecución del proyecto, así como en caso de accidentes; o III. Negar la autorización solicitada, cuando: a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales de la Ciudad de México, y demás disposiciones legales aplicables; b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas, o en peligro de extinción o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; y d) Cuando la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garanticen la integridad del ambiente y de las personas o la conectividad ecológica de los ecosistemas. Para los efectos del presente artículo, por causa de utilidad pública, interés social y orden público la Secretaría limitará, restringirá, y en su caso, negará la afectación de arbolado y de área verde en la Ciudad de México, atendiendo a los criterios de sustentabilidad y adecuación del diseño arquitectónico; privilegiará el trasplante de árboles con las condiciones físicas y fitosanitarias adecuadas; negará el derribo de árboles declarados como patrimonio natural o urbanístico; ordenará la restitución máxima en caso de derribo sin autorización; considerará los derribos por excepción para individuos en riesgo, muertos en pie, plagados o enfermos con un grado de infestación alto, suprimidos y con severa declinación, especies invasoras o exóticas, relacionados con la ejecución de obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, asimismo, en los casos procedentes ordenará la restitución física o compensación física previa a la afectación o restitución económica por excepción en caso de justificación técnica-jurídica de la imposibilidad de restitución física, en cada caso, según proceda. Las autorizaciones que se otorguen en materia de impacto ambiental estarán referidas a la obra o actividad de que se trate. La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de garantías respecto del cumplimiento de las medidas adicionales de prevención, mitigación o compensación establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de esta Ley, cuando durante la realización de las obras o actividades puedan producirse daños graves a los ecosistemas o al ambiente. La Secretaría podrá por una sola ocasión, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir del ingreso de la solicitud, requerir información adicional para complementar o precisar el contenido técnico del estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades y estudios de riesgo, para lo cual el promovente deberá dar respuesta en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La Secretaría deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo de quince días hábiles, a partir de que se integre la información necesaria. Transcurrido este plazo sin que la autoridad emita la resolución se entenderá que la realización de la obra o actividad ha sido negada. La Secretaría podrá establecer la modificación y/o sustitución de condicionantes a petición del promovente, quien deberá manifestar las razones que justifiquen la imposibilidad técnica de su cumplimiento y presentar la propuesta de la medida equivalente o sustituta, que atienda los impactos ambientales originalmente evaluados, así como, la aplicación de criterios de sustentabilidad.