Artículo 41 de la LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Si te acusan de algo relacionado con bienes de dudosa procedencia, tú puedes presentar pruebas para demostrar: que el hecho ilegal no ocurrió, que los bienes los conseguiste de forma legal y de buena fe (sin saber que eran ilegales), o que los bienes no encajan en los casos prohibidos por la ley. Las personas que no sean acusadas pero tengan derechos sobre esos bienes solo tienen que probar que esos derechos existen. Las víctimas solo pueden presentar pruebas para pedir que les reparen el daño. El Ministerio Público (el que acusa) debe presentar pruebas desde el principio para demostrar que hubo un delito de los que marca la ley y que los bienes están en la lista de los prohibidos. Además, el juez le avisará al Ministerio Público de todas las decisiones que tome, para que pueda opinar o apelar si no está de acuerdo.

Texto oficial

Artículo 41. Las pruebas que ofrezca la persona afectada deberán ser conducentes para acreditar: I. La no existencia del hecho ilícito; II. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se ejercitó la acción, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de dichos bienes; y III. Que los bienes no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la presente Ley. Los terceros ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas o personas ofendidas únicamente en lo relativo a la reparación del daño. Las pruebas que ofrezca el agente del Ministerio Público deberán ser conducentes, primordialmente, para acreditar la existencia de cualquiera de los eventos típicos, desde el inicio de la averiguación previa o investigación para la admisión de la acción por el juzgador, y de los hechos ilícitos señalados en el artículo 4 de la Ley y que los bienes son de los enlistados en el artículo 5 del mismo ordenamiento, para el dictado de la sentencia. además, el juzgador le dará vista con todas las determinaciones que tome, para que manifieste lo que conforme a derecho proceda, con relación a los terceros, víctimas o personas ofendidas; y estará legitimado para recurrir cualquier determinación que tome.