Artículo 95 de la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Si hay una investigación por faltas graves (como corrupción o mal uso de dinero público), las autoridades pueden revisar información que normalmente sería secreta, como tus datos bancarios, fiscales o de inversiones. Eso sí, tienen la obligación de mantener esa información en privado y no divulgarla. Para acceder a estos datos, deben hacer acuerdos con las instituciones que los guardan, como bancos o el SAT. Además, pueden hacer visitas de verificación, pero siguiendo las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. En resumen, las autoridades pueden ver tus datos privados solo si es necesario para investigar delitos graves, pero deben mantenerlos en secreto.

Texto oficial

Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes. Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley. Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.