Artículo 27 de la LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Este artículo dice que la violencia contra las personas mayores es cualquier acción o falta de acción, tanto en privado como en público, que les cause daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, económico, sexual o incluso la muerte. Los tipos de violencia son: la psicológica, que incluye insultos, humillaciones o abandono que dañan la autoestima; la física, que es usar fuerza o armas para lastimar; la patrimonial, que afecta sus pertenencias o dinero; la económica, que controla sus ingresos o les paga menos por el mismo trabajo; la sexual, que daña su cuerpo o dignidad; la institucional, que es cuando servidores públicos los maltratan o discriminan; y cualquier otra forma que dañe su dignidad o libertad.

Texto oficial

Artículo 27. Se entenderá por violencia contra las personas mayores cualquier acción u omisión que se genere tanto en el ámbito privado como en el público, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. Los tipos de violencia son: I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la persona víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la persona víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la persona víctima; IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la persona víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la persona víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; V Bis. La violencia institucional. Son todos aquellos actos u omisiones de personas servidoras públicas que ejerzan maltrato, daño, sufrimiento, abuso o discriminación, en contra de personas mayores, vulnerando, dilatando, obstaculizando o impidiendo, el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas mayores.