Artículo 3 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de México

El Instituto es una oficina que depende de la Consejería Jurídica, pero tiene libertad para tomar decisiones técnicas y operativas. Su trabajo principal es manejar la Defensoría Pública del Estado de México, que da orientación legal y defiende a personas en casos penales, de justicia para adolescentes, y también ofrece ayuda en trámites administrativos, civiles, familiares, mercantiles y de amparo. Todo esto es gratis para quien lo solicite. Los que trabajan ahí deben seguir estos principios: actuar siempre conforme a la ley (legalidad), sin intereses personales (independencia técnica), sin cobrar nada (gratuidad), y tratar a todas las partes por igual en los juicios (igualdad y equilibrio procesal). También tienen que ser responsables y eficientes en su servicio (responsabilidad profesional), buscar soluciones sin llegar a juicio cuando sea posible (solución de conflictos), guardar en secreto la información de los usuarios (confidencialidad), evitar cambiar de abogado a cada rato (continuidad), y una vez que aceptan un caso, no pueden negarse a defender a la persona (obligatoriedad).

Texto oficial

Artículo 3. El Instituto es un órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica, con autonomía técnica y operativa, cuyo objeto es operar, coordinar y dirigir la Defensoría Pública del Estado de México, consistente en proporcionar orientación jurídica y defensa en las materias penal, y especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; asistencia jurídica en procedimientos de responsabilidades administrativas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como patrocinio civil, familiar, mercantil y de amparo en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten, en los términos que señala esta Ley. Los servidores públicos del Instituto deberán regirse bajo los siguientes principios: I. Legalidad: sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, a la normatividad aplicable; II. Independencia técnica: garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos a la defensa pública; III. Gratuidad: Prestar sus servicios de manera gratuita; IV. Igualdad y equilibrio procesal: contar con los instrumentos necesarios para intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favoreciendo el equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales; V. Responsabilidad profesional: garantizar la responsabilidad profesional, que se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio; VI. Solución de conflictos: promover la asesoría e intervención en forma adicional al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos participando en la conciliación, mediación y el arbitraje; VII. Confidencialidad: brindar la seguridad de que la información entre defensores públicos y usuario se clasifique como confidencial; VIII. Continuidad: procurar la continuidad de la defensa, evitando sustituciones innecesarias; IX. Obligatoriedad: otorgar de manera indefectible el servicio de una defensa adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o bien cuando ha sido designado como abogado patrono.