Artículo 7 Bis de la LEY General en Materia de Delitos Electorales

Si alguien usa recursos de programas sociales, como dinero, despensas, servicios o apoyos del gobierno, para presionar a la gente a votar por cierto partido o candidato, o para que no vote, o para obligarlos a ir o no a eventos de campaña, o para influir en su decisión en una consulta popular, le pueden aplicar una multa de 300 a 600 días de salario mínimo y una cárcel de 4 a 9 años. Esto aplica también si presionan para que la gente no participe en esos eventos o votaciones.

Texto oficial

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 20-05-2021 6 de 21 Artículo adicionado DOF 19-02-2021