Artículo 2 de la LEY Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Esta ley crea un sistema especial de justicia para adolescentes en todo México, con reglas diferentes a las de los adultos. Su objetivo principal es proteger los derechos humanos de los jóvenes a los que se acusa de cometer un delito, o que ya fueron declarados responsables. También define cómo se pueden resolver los conflictos sin llegar a un juicio, por ejemplo, a través de acuerdos entre las partes. Además, establece las sanciones que se les pueden aplicar a los adolescentes según su edad, y especifica qué autoridades y procedimientos se encargan de aplicar y vigilar esas sanciones. Finalmente, indica cómo se pueden cumplir, cambiar o terminar esas medidas.

Texto oficial

Artículo 2. Objeto de la Ley Esta Ley tiene como objeto: LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 20-12-2022 2 de 84 I. Establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; II. Garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos; III. Establecer los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; IV. Establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; V. Determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según su grupo etario; VI. Definir las instituciones, órganos y autoridades especializados, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del Sistema; VII. Establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas; VIII. Determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de sanción.