Artículo 112 de la LEY de Vías Generales de Comunicación

Cuando hay una guerra, un problema grave de orden público o un peligro para la paz o la economía del país, el Gobierno puede tomar para sí carreteras, trenes, aviones, barcos y todo lo necesario para su funcionamiento, como vehículos, edificios y muebles. También puede obligar a los trabajadores de esos servicios a seguir trabajando para el Gobierno. En la mayoría de los casos, el Gobierno tiene que pagar una indemnización: te paga el valor real de lo que te dañó, pero solo la mitad de lo que dejaste de ganar. Si no se ponen de acuerdo en cuánto pagar, unos expertos elegidos por ambas partes deciden el monto, y el Gobierno paga los gastos de esos expertos. La única excepción es durante una guerra internacional, donde el Gobierno no tiene que pagar nada por lo que tome.

Texto oficial

Artículo 112.- En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente. El Gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la Nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio del ingreso neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la Nación. En el caso de guerra internacional a que se refiere esta artículo, la Nación no estará obligada a cubrir indemnización alguna.