Artículo 142 del REGLAMENTO de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Si el proveedor se atrasa en entregar los productos o servicios, tendrá que pagar una multa diaria. El monto de esa multa se calcula usando el porcentaje que se haya fijado en el contrato, aplicado al valor de lo que entregó tarde, y se ajusta según lo que cubre la garantía de cumplimiento. Pero ojo: la suma total de todas esas multas no puede ser mayor al importe de la garantía que el proveedor haya dado. Las garantías que se piden por otras obligaciones del contrato son independientes de estas multas. En contratos donde no se exige garantía de cumplimiento, el tope de multas es del 20% del valor de lo entregado tarde; pero si el contratista es un campesino, grupo marginado, cooperativa u organización social certificada, ese tope baja al 10%. Las dependencias de gobierno nunca tienen que pagar estas multas.

Texto oficial

Artículo 142.- La pena convencional por atraso a que hace referencia el párrafo primero del artículo 75 de la Ley, se calculará de acuerdo con un porcentaje de penalización establecido en el contrato para tal efecto, aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no deberá exceder el importe de dicha garantía. Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el propio contrato y son independientes a las penas convencionales que se mencionan en el párrafo anterior. En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de procedimientos de contratación en los que sólo participen campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales, cooperativas u organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, incluyendo aquellos cuyo objeto sea la inclusión laboral de mujeres y personas vulnerables, así como alguna organización constituida o conformada por grupos de atención prioritaria, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 73 de la Ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.