Artículo 17 del REGLAMENTO de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Los VPE (que son empresas o vehículos que manejan proyectos sociales) deben cuidar su dinero y sus riesgos siguiendo las reglas de la ley y lo que diga la Secretaría, según el tipo de proyecto, cómo se financia y cómo se reparten los riesgos entre las partes. Para protegerse, pueden usar mecanismos como seguros, diversificar inversiones o guardar reservas, siempre que sea técnicamente posible y legal. Si un VPE solo tiene un activo (como un solo proyecto grande), no se considera algo malo, siempre que expliquen bien los riesgos y tengan medidas claras para manejarlos. Las reglas de control deben ser justas y no tan estrictas que hagan imposible que el proyecto funcione según lo planeado.

Texto oficial

Artículo 17. Los VPE deberán observar criterios prudenciales de administración financiera y de riesgos conforme a la Ley, al presente Reglamento, a las disposiciones aplicables y, en su caso, a los lineamientos que emita la Secretaría, considerando la naturaleza del Proyecto para el Desarrollo con Bienestar, su estructura de financiamiento, la distribución contractual de riesgos y la sostenibilidad operativa y financiera del esquema correspondiente. Dichos criterios podrán considerar, cuando resulte técnica, financiera y jurídicamente procedente, mecanismos de diversificación y mitigación de riesgos operativos, financieros, regulatorios o de mercado, contratación de coberturas, mitigación de riesgos de contraparte, previsión de reservas y demás mecanismos razonables de protección patrimonial. Tratándose de VPE estructurados respecto de un solo activo o de esquemas equivalentes, la concentración de activos no se considerará por sí misma una práctica indebida, siempre que exista adecuada revelación de riesgos, mecanismos razonables de transparencia y medidas de mitigación compatibles con la naturaleza del proyecto correspondiente. Las restricciones prudenciales deberán atender a criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, eficiencia económica y viabilidad del Proyecto para el Desarrollo con Bienestar correspondiente, evitando imponer limitaciones que hagan inviable su estructuración financiera conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables.