INDICIADO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CUANDO EXISTIENDO UN AUTO DE LIBERTAD DICTADO CON ANTERIORIDAD, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EMITE UN ACUERDO POR EL QUE ORDENA QUE LOS AUTOS SEAN ENTREGADOS AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE APORTE NUEVAS PRUEBAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

El artículo 200 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León establece que ante la negativa de una orden de aprehensión por parte del Juez, el expediente debe regresarse al Ministerio Público investigador, a fin de que recabe nuevas pruebas, teniendo la facultad de solicitar, de nueva cuenta, una orden de captura. Por su parte, el numeral 217 de la citada legislación señala que emitido un auto de libertad, el representante social cuenta con el término de doce meses para aportar novedosos elementos probatorios tendentes a acreditar el cuerpo del delito por el que hubiera versado la consignación, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; empero, transcurrido ese tiempo, a partir de que cause estado tal resolución y sin que se aporten nuevos datos, la libertad se considerará definitiva sin que requiera declaración judicial. Así, el indiciado tiene interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consista en el acuerdo de la autoridad jurisdiccional por el que se ordena que los autos sean entregados al agente del Ministerio Público para que aporte nuevas pruebas en términos del mencionado artículo 200 y exista un auto de libertad dictado con anterioridad, toda vez que el estado procesal que guarda la causa penal creó un estado jurídico a favor del indiciado que le impide sujetarse de nueva cuenta a una investigación ministerial, en tanto que el órgano persecutor, al ejercer la acción penal, dejó de ser autoridad y se convirtió en parte, razón por la que se encuentra vinculado a aportar nuevas pruebas ante el Juez dentro del improrrogable plazo de un año y, en caso contrario, dicha libertad puede ser definitiva, sin necesidad de declaración expresa. Además, porque el citado acuerdo tiene como efectos que sea nuevamente abierta una investigación en relación con esos hechos; de ahí que la omisión en que incurra el Juez de cumplir con la obligación en cuestión, tiene una repercusión procesal directa, ya que permite que continúe abierta la causa penal que, en términos de la normativa adjetiva aplicable, puede ser archivada al llegar su momento; es decir, al no archivarse dicho proceso penal, éste queda abierto indefinidamente, con la consecuencia de que el indiciado continúe con esa categoría procesal, también indefinida, lo cual se traduce en una afectación a su esfera jurídica, teniendo en consecuencia, interés para acudir al juicio de amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.