SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REGIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SE ABSTENGA DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.

De conformidad con los artículos 2, fracción II, 6, 16, 78, 79, 83, primer párrafo, 85, fracciones II y VII, 86, 88, 102 y 103 de la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, la licitación constituye un procedimiento administrativo, donde son partes la autoridad y uno o varios particulares, y que se integra en términos generales, con las siguientes etapas: 1. La convocatoria pública que contiene el pliego de condiciones conforme al cual la autoridad hace el llamado a los interesados. 2. La junta de aclaraciones en donde la autoridad da respuesta a los cuestionamientos de los que presentaron sus propuestas, respecto de las bases de la licitación. 3. La presentación de ofertas o propuestas por parte de los que quieren participar y que satisfacen los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación. 4. La apertura de ofertas recibidas. 5. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes a través del fallo y su notificación, en el que se adjudica la licitación a uno o más participantes; y 6. La firma del contrato relativo a la licitación. De lo anterior, se colige que la licitación es el procedimiento a través del cual la administración pública elige a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y eficacia para la celebración de un determinado contrato, para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos; y si bien es cierto que en principio no es procedente la suspensión contra la continuación del procedimiento, también lo es que se ha aceptado que sí resulta procedente para que, sin paralizar el procedimiento, no se lleve a cabo la etapa culminante de éste, lo que se desprende de la jurisprudencia P./J. 83/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: " SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO .". Por lo tanto, sí resulta procedente la suspensión respecto de la etapa conclusiva del procedimiento, que resulta ser la formalización del contrato de obra pública, motivo de la licitación, ya que se considera que no se afectan los intereses de la sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, pues con la concesión de la citada medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría y de lo contrario, es decir, de formalizar el contrato a las personas a quienes se les adjudicó la licitación, sí se afectaría a la sociedad que se encuentra interesada en que los recursos públicos se manejen con las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento y oportunidad, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.