EXTINCIÓN DE LA POTESTAD DE EJECUTAR LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. CUANDO EL JUZGADOR DETERMINA QUE SE PAGÓ LA REPARACIÓN DEL DAÑO, NO ES FORZOSA LA MANIFESTACIÓN DEL OFENDIDO RELATIVA A QUE QUEDÓ CUBIERTA, PARA QUE EL SENTENCIADO RECOBRE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

De la interpretación armónica y sistemática de los numerales 21 tercer párrafo constitucional , 43, 47, 49, 51, 86 y 90 fracción V del Código Penal para esta ciudad, se colige que la reparación del daño es la sanción pública que impone la autoridad judicial en uso de su facultad exclusiva y sólo a ella corresponde decidir si está cubierta aquélla. Así, el artículo 246 de la legislación indicada establece la prerrogativa que el legislador ordinario previó a favor de los sentenciados para que puedan obtener su libertad, entre otros, por el delito de fraude genérico, sin que importe que éste sea perseguible de oficio, siempre y cuando se cubra la reparación del daño y el ofendido manifieste que el daño patrimonial le fue cubierto; en esa medida, basta que el Juez determine que se pagó la reparación del daño materia de la condena para que aquél goce de ese beneficio, con independencia de que la víctima exprese o no su conformidad, toda vez que la decisión de extinción de la potestad de ejecutar las penas no puede quedar a capricho de esta última, al ser potestad única de la autoridad judicial. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.