AMPARO CONTRA LEYES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO RELATIVO CONLLEVA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, QUE HACE IMPROCEDENTE UNO POSTERIOR EN SU CONTRA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA.

El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Así, al aludir dicho precepto textualmente a actos, pudiera dar lugar a entender que no es aplicable respecto de leyes; no obstante lo anterior, un acto, definido como toda acción humana que influye de algún modo en una relación jurídica, emitido o dictado por alguno de los órganos del gobierno del Estado, se identifica como formal o materialmente legislativo, ejecutivo o judicial, tomando como base sus características o cualidades o el órgano del cual proviene. De esta forma, una ley, como acción concreta del legislador que de manera general, abstracta y obligatoria influye en las relaciones jurídicas Estado-gobernados, es un acto tanto formal como materialmente legislativo, por lo que la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso contenida en el citado artículo, también opera respecto de aquélla. Esto último se sostiene, además, en el hecho de que la voluntad del legislador federal plasmada en la disposición legal, no fue en realidad limitar la procedencia del juicio de garantías en lo concerniente a actos consentidos expresamente, en oposición a leyes consentidas expresamente, sino que su finalidad fue crear un supuesto de improcedencia del juicio, derivado de la conducta expresa del quejoso y no del acto concreto de autoridad, fuera ley o acto de aplicación, stricto sensu, pues ningún caso tendría sustanciar o continuar con esa tramitación cuando el quejoso se sometió libremente a él y a todos sus efectos. Por ende, el desistimiento de la demanda en el juicio de amparo contra leyes conlleva el consentimiento expreso de la norma general impugnada, que hace improcedente uno posterior en su contra, acorde con el invocado artículo 73, fracción XI, en la medida en que como cualquier otro acto, como por ejemplo una sentencia judicial impugnable en amparo directo, muestra que en el quejoso ya no existe una voluntad contraria a ella, de suerte que permite que lo siga afectando o que lo afecte con todas sus consecuencias, al retirar expresamente su acción de amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.