TRADUCTORES DE GRUPOS ÉTNICOS INDÍGENAS. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL O MINISTERIAL DE CERCIORARSE QUE EL PERITO PRÁCTICO DESIGNADO COMO TRADUCTOR DEL INCULPADO CONOCE LAS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES DEL ASISTIDO, Y A LA VEZ QUE ENTIENDE BIEN EL IDIOMA ESPAÑOL, ORIGINA QUE LA DILIGENCIA PRACTICADA CAREZCA DE VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

El artículo 174 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas refiere que los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte que corresponda, siempre que la profesión o arte esté reglamentada, en caso contrario, puede designarse a un perito práctico, y en el supuesto de que el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena podrá fungir como perito práctico la persona que pertenezca a esa misma etnia indígena. En correlación con dicho numeral, el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el acceso a la jurisdicción estatal deberán ser tomadas en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las etnias indígenas, con el derecho de ser asistidos en los juicios y procedimientos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Por tanto, cuando por las circunstancias del caso el Juez o el Ministerio Público designe a un perito práctico para que sirva de traductor en la diligencia en que comparezca un inculpado que no sepa o no tenga dominio sobre el idioma español, la autoridad ministerial o judicial, según el caso, deberá tomar las medidas pertinentes para cerciorarse de que el perito práctico conoce las costumbres y especificidades del asistido, y que a la vez entiende bien el idioma español, lo que puede obtenerse de un interrogatorio con la correspondiente toma de protesta para que se conduzca con verdad y traducir fielmente las preguntas y respuestas que deben transmitirse, como lo exige el dispositivo 186 del ordenamiento procesal penal de la entidad. Todo ello con la finalidad de cumplir con la garantía constitucional contenida en el mencionado precepto 2o. del Pacto Federal; en caso contrario, la diligencia correspondiente carece de valor probatorio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.