CONCURSO MERCANTIL. PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ARRAIGO, EL PODER OTORGADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA FALLIDA AL APODERADO, REQUIERE DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA.

El artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles , señala que será declarado en concurso mercantil el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Asimismo, el artículo 2o . de ese ordenamiento dispone que el concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. El artículo 3o . de esa ley precisa que la finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. El artículo 43, fracción V , del citado cuerpo legal, señala que la sentencia de declaración de concurso mercantil contendrá entre otras cosas, la declaración de apertura de la etapa de conciliación. El artículo 47 de aquella ley dispone como efectos de esa sentencia, el arraigo del comerciante, el cual recaerá en el caso de las personas morales sobre quien o quienes sean responsables de la administración, para el solo efecto de que no puedan separarse del lugar de su domicilio sin dejar, mediante mandato, apoderado suficientemente instruido y expensado, caso en el cual se procederá al levantamiento de la medida cautelar. El artículo 74 del ordenamiento que nos ocupa, deja al comerciante la administración de la empresa durante la etapa de conciliación. El artículo 158 del ordenamiento en comentario, dispone considerar suscrito el convenio por todos los acreedores reconocidos cuando prevea respecto de sus créditos, el pago del adeudo exigible a la fecha en que surtió efectos la sentencia de concurso mercantil, convertido a Udis; el pago de todas las cantidades y accesorios que se hubieren hecho exigibles conforme al contrato vigente desde la fecha de la sentencia de concurso mercantil hasta la aprobación del convenio y, el pago, en las fechas, por los montos y en la denominación convenidos, de las obligaciones exigibles a partir de la aprobación del convenio. El artículo 159 de la ley multirreferida, señala que en el convenio se podrá estipular para los acreedores reconocidos comunes que no lo hubieren suscrito, una espera con capitalización de intereses ordinarios; una quita de saldo principal e intereses devengados no pagados y, una combinación de quita y espera. El artículo 165 del cuerpo legal en cita, señala que el convenio aprobado por el Juez obligará al comerciante, a todos los acreedores reconocidos comunes, a los acreedores reconocidos con garantía real o privilegio especial que lo hayan suscrito y, a los acreedores reconocidos con garantía real o privilegio especial para los cuales se haya previsto el pago de sus créditos. Ahora bien, de una interpretación sistemática de estos preceptos se advierte que durante la etapa de conciliación del concurso mercantil y en el convenio que en su caso proponga el conciliador y apruebe el Juez, es necesaria la ejecución de actos de administración de la empresa porque conlleva la dirección y cuidado del patrimonio de la empresa, así como disponer económicamente de los bienes que lo integran para proveer a la conservación de la unidad económica mediante el pago y cumplimiento de las obligaciones del comerciante a los acreedores reconocidos. Así, es claro que el administrador de una persona moral comerciante, constituida bajo la figura de sociedad mercantil, que se encuentra en la etapa de conciliación de un concurso mercantil, cuenta con facultades de administración en términos de lo dispuesto por los artículos 10 y 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles , para estar en posibilidad de obligar a la comerciante fallida a través del convenio que en su momento sea propuesto y aprobado. En consecuencia, el apoderado que deje el representante de la empresa en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Concursos Mercantiles, debe también contar con dichas facultades de administración para estar en posibilidad de suscribir el convenio y obligar a la comerciante a su cumplimiento, pues a través de su actuación se comprometerá el patrimonio de la sociedad que representa; por tanto, el mandato otorgado con ese propósito deberá ser para la ejecución de actos de administración. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.