CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, AL PREVER QUE LA DEMANDA SE PRESENTARÁ DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichos principios, contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se respetan por el legislador, por una parte, si las disposiciones de observancia general generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a la autoridad, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, de forma que se le impida actuar arbitraria o caprichosamente. Ahora bien, si se tiene en cuenta que por su naturaleza una notificación sólo puede afectar al notificado cuando surte sus efectos o consecuencias jurídicas, es evidente que el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , al disponer que la demanda de nulidad se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto impugnado, remite a la ley que rija el acto o resolución cuestionado, tanto para lo relativo a la forma y términos de la notificación como respecto de las consecuencias jurídicas o efectos de dicho acto o resolución. Así, el plazo relativo debe computarse desde el día siguiente al en que la notificación se perfecciona jurídicamente, o sea, desde que surte sus efectos, y ese momento lo determina la ley que haya servido de base para la notificación del acto y no otra, en tanto que sería un contrasentido suponer que un acto o resolución se dé a conocer conforme a las reglas adjetivas previstas en cierta legislación y que sus efectos legales se surtan conforme a lo establecido en una diversa. Por tanto, el citado artículo 13, fracción I, inciso a), respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues permite al interesado conocer cabalmente el plazo para promover la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la consecuencia de no presentarla dentro de ese término. Además, no deja en estado de incertidumbre al particular, pues para establecer a partir de qué momento debe computarse el plazo en cuestión, basta con atender a la naturaleza del acto que le cause perjuicio y a su fundamentación y motivación.