AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EL EXAMEN DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO SIEMPRE DEBE SER PREVIO AL DE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, SINO QUE DEBE ESTAR DETERMINADO POR LA TRASCENDENCIA QUE LA NORMA GENERAL TENGA EN EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO Y SU RELACIÓN CON LOS ASPECTOS PRINCIPALES O ACCESORIOS DEL JUICIO NATURAL.

De la interpretación histórica, sistemática y literal de los artículos 73, fracción XII, párrafo último, 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo , se desprende que en el juicio de amparo directo no se cuestiona la constitucionalidad de las leyes por vía de acción, sino por vía de excepción, conceptos propios del derecho procesal que, aplicados a la materia del juicio de garantías, se traducen en que el ejercicio de la acción constitucional se endereza contra la sentencia, laudo o resolución reclamados, siendo el análisis de la norma general aplicada un argumento más para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, es decir, lo que se pretende al impugnar la ley es, sin lugar a duda, que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado que se funda en la norma impugnada en vía de conceptos de violación. En esa tesitura, debe tenerse en consideración que los principios reguladores del dictado de las sentencias de garantías, entre otros, los de congruencia y exhaustividad, revelan que el estudio que debe realizarse en esta materia, ha de partir de lo principal a lo accesorio, de lo fundamental a lo subsidiario; consecuentemente, no siendo la ley la impugnación principal ni fundamental en el juicio de amparo directo, sino un aspecto subsidiario, entendido este último como aquella cuestión que cobra relevancia cuando el tópico fundamental no prospera, es inconcuso que no existe un motivo eficiente para que en una sentencia de amparo directo la regla general sea que sin importar que la ley tenga relación con un aspecto principal o accesorio, primero se examine lo relacionado con la constitucionalidad de ésta, y después las cuestiones de legalidad de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, sobre todo porque la determinación que sobre ella se realice tiene efectos limitados al acto reclamado, lo que significa que puede ser aplicada en el futuro contra el quejoso, pues es claro que no obtiene una protección perpetua como sí sucede en el juicio de amparo indirecto. Entonces, sólo en el supuesto de que se advierta que la norma general que se tilde de inconstitucional en el juicio de amparo directo determine el sentido toral de la sentencia definitiva, laudo o resolución reclamados, por referirse a un aspecto fundamental, y que se encuentra aplicada en perjuicio del quejoso, es posible que se dé preferencia al examen de los conceptos de violación que sobre el particular se esgriman; en cambio, si no se refiere a un aspecto primordial y a través del análisis de los aspectos de legalidad, como sería la indebida aplicación de la ley, se llegara a la conclusión de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no sería procedente abordar el examen de la ley, pues a nada práctico conduciría, ya que por las particularidades del juicio de que se trata, la determinación de inconstitucionalidad de la norma general sólo tiene efectos limitados a la sentencia reclamada. Cabe señalar que el anterior método para abordar el estudio de los aspectos constitucionales y legales en una sentencia de amparo directo, reporta diversos beneficios que a título enunciativo y de manera breve serían los siguientes: 1) el seguimiento de la génesis del juicio de amparo directo contra leyes, que es indicativa de que el estudio y la declaración sobre la constitucionalidad de la norma general es excepcional y no representa la pretensión constitucional; 2) el entendimiento y precisión del problema central de constitucionalidad, que debe partir del examen de la sentencia definitiva, laudo o resolución reclamados; 3) la definición exhaustiva de la litis constitucional; 4) la determinación efectiva de la aplicación de la norma general y de su trascendencia al resultado del fallo; 5) el evitar exámenes ociosos de la ley, de advertirse que se aplicó indebidamente, que no debió aplicarse o que debió aplicarse otra, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, es patente que el perjuicio para el quejoso no dimana de la ley, sino de su indebida interpretación o aplicación por parte de la autoridad responsable; 6) el evitar la proliferación innecesaria de recursos de revisión que retarden la solución de la controversia natural, o por lo menos se aminora la complejidad de la solución de esos recursos, pues concedido, en su caso, el amparo en virtud de vicios propios del acto reclamado, porque la norma tildada de inconstitucional no debió aplicarse o debió aplicarse otra, no sería procedente ese medio de impugnación, o por lo menos en el recurso se examinaría la constitucionalidad de la ley que resulta aplicable; y, 7) no dejar al tercero perjudicado en estado de indefensión, pues al analizarse primero la legalidad del acto de aplicación de la ley, se permite que de resultar éste inconstitucional, se aplique la norma correcta por la autoridad responsable y, en este evento, de resultar contrario a los intereses de ese tercero el nuevo acto de autoridad podrá, al promover un nuevo juicio de amparo, cuestionar la constitucionalidad de la ley correctamente aplicada; en cambio, de no examinarse primero el acto de aplicación, podría suceder que al tenor de una ley mal aplicada se declarara la inconstitucionalidad de una sentencia definitiva, lo que perjudicaría al tercero, en virtud de que la constitucionalidad de esa sentencia debía sustentarse en la aplicación correcta de la misma ley o de otra. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.