CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA POR ALGUNO DE LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIENES LA CONSTITUCIÓN LOCAL LES CONFIERE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, PUEDE CORREGIRSE DEBIÉNDOSE HACER LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE.

De la exposición de motivos del artículo 105 constitucional de 31 de diciembre de 1994, se advierte la finalidad de la controversia constitucional, instituida en aras de un renovado federalismo, como una vía de defensa eficaz a la que los diferentes órdenes de gobierno o Poderes pueden acudir para garantizar su equilibrio, el pleno respeto del orden constitucional y, consecuentemente, preservar una convivencia armónica de los integrantes de la República. De ahí que la naturaleza intrínseca de la controversia constitucional confiera matices particulares al principio de representación, cuya rigidez caracteriza a otras materias, de manera que se procure no convertir las normas legales en obstáculos para el acceso a la justicia. Por otra parte, dada la naturaleza de los entes que intervienen como sujetos activos en las controversias, debe tenerse presente que el principio de división de poderes contenido en el artículo 116 constitucional prescribe tres prohibiciones dirigidas a los mandatos de las entidades federativas: a) no intromisión, b) no dependencia, y c) no subordinación de cualquiera de los Poderes respecto a los otros. Ahora bien, si la Constitución Política del Estado de Quintana Roo establece que la representación de la entidad recae conjuntamente en los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, atendiendo a la naturaleza pública de la controversia constitucional; a su finalidad como medio eficaz, accesible y de control de la Ley Fundamental; al principio de división de poderes, conforme al cual debe preservarse la independencia y autonomía en la toma de decisiones de los Poderes integrantes de un Estado; y enfatizando las dificultades prácticas que pueden derivarse de la norma local, se concluye que la falta de suscripción de la demanda por alguno de los indicados titulares no produce como efecto inmediato la improcedencia de la controversia, ya que al haber expresado uno de ellos, legitimado para tal efecto, su voluntad de instar la acción, esa omisión puede corregirse debiéndose hacer la prevención correspondiente, la cual de no hacerse se traduce en una irregularidad en el procedimiento que amerita ser subsanada en términos del artículo 28 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , debiendo quedar en suspenso el trámite en la controversia, hasta en tanto transcurra el plazo que se conceda para tal efecto.