CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA INVALIDEZ TOTAL DEL ACTO IMPUGNADO, POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantía de acceso efectivo a la impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- realicen dicha actividad de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de sus principios es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de aquéllas de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 128 y 129, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero establecen la existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: congruencia y exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben estudiarse los conceptos de anulación en el juicio contencioso administrativo, también lo es que el tribunal local de la materia se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión anulatoria y, preferentemente de los que conduzcan a declarar la invalidez total del acto impugnado, ya que de resultar fundados éstos, representarán un mayor beneficio para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los efectos de aquél, lo que respeta la mencionada garantía y, en particular, el principio de completitud que ésta encierra, reconocido implícitamente por el legislador en la fracción IV del precepto 129 citado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.