NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE LEGITIMA PARA EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA A LOS TERCEROS Y A LAS AUTORIDADES CUANDO SE AFECTE EL INTERÉS PÚBLICO, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004).

El citado precepto, al establecer que la acción de nulidad de juicio concluido puede ser ejercida, entre otros sujetos, por los terceros y por la autoridad correspondiente, cuando el fallo afecte el interés público, viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: " NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004) .", declaró la invalidez del supuesto de procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido por afectación al interés público. Aunado a que no existe base constitucional para que los terceros y las autoridades a que se refiere el artículo 737 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal estén legitimados para ejercer la acción de nulidad de juicio concluido, cuando se afecte el interés público, en la medida en que su defensa atañe al Ministerio Público y no a diversos sujetos. Además, no es factible jurídicamente que los particulares emprendan la defensa del interés público, pues conforme al sistema previsto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y en las normas procesales, los gobernados sólo pueden acudir a juicio en defensa de derechos propios, al tutelar los indicados preceptos constitucionales garantías a favor de los individuos en particular; de ahí que no sea jurídicamente admisible que cualquier persona en lo individual tenga legitimación para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos, a fin de impugnar los actos lesivos al interés público.