2a./J. 87/2008 Jurisprudencia9a. ÉpocaS.C.J.N.Administrativa
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. LA FACULTAD CONFERIDA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA Y APLICAR SANCIONES, SÓLO PUEDE EJERCERSE POR SU PLENO O POR LA COMISIÓN QUE ÉSTE DETERMINE Y NO DELEGARSE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Mayo de 2008; Pág. 154
Del análisis armónico de los artículos
81, fracciones XII y XXXVI, 82 y 133, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
, se advierte que entre las atribuciones que en materia disciplinaria confiere el artículo
94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
al Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra la relativa a la investigación y determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del propio Consejo, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, y que dicha facultad únicamente puede ejercerla el Pleno o la Comisión que éste determine y, en ciertos supuestos, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Es importante precisar que lo dispuesto en la fracción IV del indicado artículo 133, en el sentido de que será competente para conocer de tales aspectos "el órgano colegiado que determine el Consejo", no puede dar lugar a estimar que dicha atribución puede delegarse a los órganos jurisdiccionales, ya que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2003, expresamente señaló que los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito carecen de competencia legal para conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos cuyo nombramiento les compete, dado que la facultad que les confiere el artículo
97 constitucional
para nombrar y remover a su personal únicamente opera en el ámbito laboral.
Precedentes
Amparo en revisión 113/2007. Laura Michel Miranda Baca. 23 de abril de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco.
Amparo en revisión 356/2007. Cinthya Georgina Hernández Alcaraz. 23 de abril de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.
Amparo en revisión 371/2007. Jesús Manuel Castillo Quintana. 23 de abril de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Amparo en revisión 927/2007. Yolanda Van Dick Gutiérrez. 23 de abril de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1038/2007. Moisés Rodríguez Limón. 23 de abril de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Tesis de jurisprudencia 87/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de mayo de dos mil ocho.
Tesis relacionadas
- AUTORIZACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR EL DIRECTOR CONSULTIVO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA EN SU CONTRA, DEBEN APLICARSE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO, AUN CUANDO SE TRATE DE UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.
- PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SE REINICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE DEJÓ DE ACTUAR, INCLUIDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARA RESOLVER EN EL LAPSO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA ABROGADA.
- EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN QUE DEBE CONOCER DE ÉSTA CUANDO EL INCULPADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE DISTINTO FUERO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LA EMITIÓ, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA SUSTANTIVA O ADJETIVA DEL SUPUESTO DE QUE SE TRATE.
- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR LOS PAGOS VENCIDOS DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE ANALIZARLA AUN CUANDO LA FUNDAMENTACIÓN Y TEMPORALIDAD INVOCADAS SEAN INCORRECTAS, SI SE HIZO VALER COMO EXCEPCIÓN.
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS AMPAROS INDIRECTOS EN LOS QUE SE IMPUGNA EL ACUERDO POR EL QUE SE SUPRIMEN Y DETERMINAN COMPETENCIAS TERRITORIALES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y SE CREAN LAS OFICINAS AUXILIARES. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
- USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES. EL SEGUNDO ELEMENTO DEL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE ACTUALIZA CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO SUSCRIBE CON DIVERSA PERSONA UN CONVENIO Y AUTORIZA EL PAGO EN PARCIALIDADES POR CONTRIBUCIONES RETENIDAS, RECAUDADAS O TRASLADADAS.
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO SE CONTROVIERTA LA RESOLUCIÓN DE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA QUE ACORDÓ FAVORABLEMENTE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS NO VINCULADAS CON UN ACTO PROCESAL O EL LITIGIO DE FONDO, PERO NEGÓ LA EXENCIÓN DE SU PAGO AL APLICAR DISPOSICIONES FISCALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
- QUEJA POR EXCESO O DEFECTO. EL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL EFECTO PROTECTOR QUE ORDENA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, SUPONE LA FACULTAD DE EXAMINAR SI LA AUTORIDAD JUDICIAL CIVIL ANALIZÓ LOS AGRAVIOS ESENCIALES Y DETERMINAR SI HUBO OMISIÓN SOBRE CUESTIONES ACCESORIAS O PERIFÉRICAS QUE NO TRASCIENDEN A UNA SITUACIÓN JURÍDICA BENÉFICA PARA EL QUEJOSO.