FIANZAS. EL CERTIFICADO DE PAGO AL BENEFICIARIO HACE FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO A CARGO DEL OBJETANTE, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR LA AUTORIZACIÓN DE QUIEN LO SUSCRIBE (ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS).

Sólo es exigible la presentación en el juicio ejecutivo mercantil de los tres documentos que integran el título ejecutivo compuesto -en contraposición al simple o integrado por un solo documento- a que se refiere el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (el documento que consigne la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, junto con la copia simple de la póliza y de la certificación de la o las personas facultadas por el consejo de administración de la afianzadora de que ésta pagó al beneficiario), sin que se requiera adicionar algún otro complementario, atendiendo a la interpretación literal, teleológica e histórica de ese precepto, el cual permite que sea una persona facultada por el consejo de administración la que emita la certificación que forma parte de ese título ejecutivo, sea o no contador, y que el nombramiento lo haga el órgano directivo de la institución de fianzas, cuyas facultades, en tanto provienen de una disposición legal, quedan indiscutidas, sin perjuicio de que pueda impugnarse el otorgamiento de la autorización. Empero, existe un problema de asignación de carga probatoria, y otro consistente en dilucidar si la inexigibilidad de requisito adicional a los tres documentos integrantes del título ejecutivo complejo excluye la presentación de documento justificativo de la autorización conferida al suscriptor de la certificación. La respuesta a ambas interrogantes surge de la interpretación literal del invocado artículo que, por lo que hace a la certificación, dispone que hará fe en juicio, evidenciando que se trata de una presunción legal iuris tantum, o sea, que debe tenerse por cierto el hecho de que la certificación es auténtica, lo que comprende todo el contenido del documento, aunque esa autenticidad está sujeta a que no sea impugnada y, en caso de serlo, no se acredite la causa de impugnación mediante prueba en contrario, lo cual lleva a la segunda arista del asunto, la carga de esa prueba, que corresponde a la demandada objetante, porque se busca destruir la presunción legal que tiene en su favor la certificación. Lo anterior, con base, además, en una interpretación sistemática que se efectúa bajo la consideración de que el sistema jurídico mexicano tiene una legislación mercantil de carácter financiero que comparte rasgos comunes, evidenciando una coherencia del legislador en la emisión de las normas de esa clase, particularmente en cuanto a la ejecutividad asignada a ciertos documentos para que las entidades dedicadas a la actividad financiera obtengan la recuperación de adeudos en una vía privilegiada. El artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se encuentra inserto en ese sistema normativo, y comparte elementos de identidad con preceptos como los artículos 47 y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito , respecto de los títulos ejecutivos regulados en esos preceptos y el previsto en la legislación de fianzas invocada, como son, por un lado, la necesidad de que se integren diversos documentos para conformar el título ejecutivo, entre ellos, una certificación, y por otro, la presunción iuris tantum de que goza esa certificación. Son, por el contrario, elementos diferenciadores, el carácter de la certificación, contable en el caso de las instituciones y organizaciones crediticias, y de pago, tratándose de las afianzadoras. Esa diferencia revela que para las afianzadoras existe un sistema más laxo en cuanto a la clase de personas que pueden ser facultadas para suscribir las certificaciones, con la consecuencia de que se reducen los requisitos para tal efecto, y de ningún modo entraña que el artículo 96 de la legislación de fianzas quede sustraído del sistema normativo en que coinciden las diversas legislaciones crediticias. Desde la pertenencia a ese sistema se observa que las certificaciones deben ser expedidas por persona autorizada, pero sin que tenga que acreditarse esa autorización, lo cual es común a todas las normas comparadas, y resulta más evidente en el caso de la legislación de fianzas, ya que en ella no se exige siquiera algún requisito de contenido, más que la información de haber pagado, como sí se prevé en el caso de las legislaciones crediticias, aunque sin comprender la demostración de la autorización. Esa perspectiva sistemática pone de manifiesto que la presunción de autenticidad está prevista en beneficio de las instituciones crediticias y afianzadoras, por lo que, al admitirse prueba en contrario, sólo puede provenir de la contraparte de aquella que tenga interés en desvirtuar la presunción legal, lo que implica la carga de demostrar las causas de la objeción. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.