MECANISMO TRIBUTARIO. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUCIONES DETERMINADAS POR LA AUTORIDAD, LA ILEGALIDAD DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS IMPLICA, POR EFECTO REFLEJO, LA DE LAS SUBSECUENTES, PERO NO LA DE LAS ANTERIORES.

Conforme a los artículos 6o., 42, 48 y 145 del Código Fiscal de la Federación , a partir de la determinación de un tributo por parte de la autoridad, existen etapas sucesivas hasta la captación de los recursos para su aplicación correspondiente, las cuales consisten en: a) Determinación, b) Exigibilidad, c) Cobro, d) Entero, e) Expedición del comprobante oficial, f) Entrega del comprobante oficial y g) Destino del numerario pagado por el tributo. Ahora, si bien es cierto que estas fases integran el mecanismo tributario, también lo es que son autónomas y diversas, ya que cada una debe agotarse satisfaciendo requisitos distintos, de manera que cuando alguna de ellas no se ajuste al texto normativo, lo que procede es declarar su ilegalidad y, por efecto reflejo, la de las subsecuentes, pero no de las anteriores. En esa tesitura, si la figura de la determinación debe considerarse teniendo en cuenta los elementos del impuesto, a fin de obtener la cantidad que efectivamente se adeuda, la incorrección de uno solo de ellos generará un monto ilegal, como puede ser que a un objeto se atribuya un valor superior al que tiene, o que se aplique una tasa o tarifa que no corresponda, por lo que en este supuesto, aunque el obligado pague exactamente la cantidad que se le cuantificó y el recibo coincida numéricamente con ésta, la declaratoria de ilegalidad afectará la validez de las etapas posteriores. De la misma forma, si la actuación ilegal ocurre en la etapa relativa a la exigibilidad por requerirse una cantidad mayor a la cuantificada, o en la de cobro por ser éste superior a lo debido, o en el recibo respectivo se anota que el numerario fue destinado a cubrir un impuesto distinto al que estaba encaminado, o no se entrega al contribuyente el recibo correspondiente o se hace después de que fue cubierto el adeudo, entonces debe reponerse el procedimiento para subsanar la infracción cometida, pero sin afectar las etapas precedentes. Finalmente, cabe hacer la aclaración que la aplicación del numerario escapa del interés jurídico del contribuyente, ya que una vez ingresado a las arcas de la hacienda pública municipal, estatal o federal, el gobernado no está en condiciones de exigir cuentas de su destino específico. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.