1a./J. 51/2007Jurisprudencia9a. ÉpocaS.C.J.N.Constitucional, Penal
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PROCEDE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA TESTIMONIAL Y LOS CAREOS OFRECIDOS POR EL INCULPADO, A CARGO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE INTERVINIERON EN UNA DILIGENCIA DE CATEO.
[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 89
De la interpretación armónica de los artículos
206 del Código Federal de Procedimientos Penales
y
20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
, se advierte que el juzgador está obligado a admitir y mandar desahogar las pruebas que en su defensa ofrezca el inculpado, sin otra limitación que la establecida por la ley, siempre que legalmente puedan constituirse, pues de no hacerlo así se viola su garantía de adecuada defensa, contenida en el citado precepto constitucional. En tal virtud, independientemente de que la participación del agente del Ministerio Público y de sus testigos de asistencia en el acta circunstanciada en que consta la diligencia de cateo se debe a la obligación que tienen de intervenir como parte del personal ministerial, ello no impide que el procesado ejerza su derecho a defenderse de las imputaciones que arroje el cateo, pues aunque éste conforme a lo dispuesto por el artículo
284
del citado código procesal penal, hace prueba plena cuando se desahoga con las formalidades establecidas en la ley, esto no implica que no puedan controvertirse los hechos y circunstancias derivados de él, mediante la prueba que se estime más idónea -como pueden ser los careos o la testimonial de quienes hayan intervenido en el desarrollo de dicha diligencia-; pues en este caso se considera que tiene mayor peso específico la garantía de defensa adecuada, que consagra el invocado precepto constitucional; sobre todo si se toma en cuenta que el artículo
240
del mencionado Código establece que el tribunal no debe dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes.
Precedentes
Contradicción de tesis 21/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 10 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.
Tesis de jurisprudencia 51/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de dos mil siete.
Tesis relacionadas
- SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. EN CASO DE INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE DECRETARLA PARCIAL O TOTALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE LA LEY PREVÉ COMO GRAVES, CUANDO EN SU COMISIÓN EN GRADO DE TENTATIVA SE ACTUALIZA UNA AGRAVANTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 63 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).
- FALSEDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SU DEMOSTRACIÓN ES INSUFICIENTE PARA SOBRESEER EN EL JUICIO, SI AQUELLA QUE OBRA EN EL ESCRITO DE PRESENTACIÓN NO FUE IMPUGNADA.
- INSPECCIÓN MINISTERIAL. SU DESAHOGO SIN FIJACIÓN DEL DÍA, HORA, LUGAR Y CITACIÓN OPORTUNA DE LAS PARTES NO VULNERA LAS GARANTÍAS DEL PROCESADO, SI ÉSTE PUEDE OFRECER DURANTE EL PROCESO LAS PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE DERIVEN DE DICHA DILIGENCIA.
- DEFENSOR DE OFICIO EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBÍA CONTAR CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO EL DESIGNADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA.
- PROCEDIMIENTO ORDINARIO PENAL FEDERAL. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARE AGOTADA LA INSTRUCCIÓN SIN OTORGAR PREVIAMENTE LA DEBIDA OPORTUNIDAD PROBATORIA AL INCULPADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE RIGEN AQUÉL.
- BIENES ASEGURADOS NO DECOMISADOS. SU DEVOLUCIÓN A QUIEN ACREDITE EJERCER DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN, NO TRANSGREDE EN PERJUICIO DEL SENTENCIADO LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EFECTOS DE QUE EL INMUEBLE ASEGURADO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NO SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL, PORQUE LIMITA LA FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.