SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. RESULTA INAPLICABLE EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, Y POR TANTO, LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS ESTÁN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA EN TAL PROCEDIMIENTO.

De una correcta intelección del artículo 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se advierte la obligación de la parte quejosa de otorgar una fianza para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la suspensión del acto reclamado, con las condiciones y garantías previstas en su ley reglamentaria; partiendo de esta premisa, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye la regulación especial o específica de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo. En ese orden de ideas, si el numeral 173 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a un tercero, entonces, dado el principio de aplicación de la ley especial a que se refiere dicho precepto constitucional, es evidente que el artículo 62, fracción VIII, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros , no es aplicable, pues le prohíbe a las aseguradoras constituirse en avales, garante o fiadores de otra persona, sea física o moral, de modo que nada tiene que ver con el juicio de amparo. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.