CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FRANCESA. NO VIOLA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE MÉXICO NO LO HAYA SUSCRITO PERSONALMENTE.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la validez de los tratados internacionales signados por México no depende de la intervención directa del Presidente de la República en todas las fases del procedimiento para su formalización, sino que puede actuar a través de su representante o del secretario de Estado que corresponda, conforme a las facultades que éste ostenta en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que la interpretación de la Constitución Federal en relación con los tratados no debe efectuarse limitadamente. En congruencia con dicho criterio, se concluye que el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 1995 no viola el artículo 133 constitucional , por la circunstancia de que el Presidente de México no lo haya suscrito personalmente, pues fue firmado el 27 de enero de 1994 por plenipotenciarios debidamente autorizados (como se indica en el Decreto Promulgatorio respectivo), en el caso de México, por el Secretario de Relaciones Exteriores, siguiendo las instrucciones del propio Presidente de la República, y fue aprobado por la Cámara de Senadores en sesión de primero de junio de ese mismo año; además de que se advierte que el titular del Ejecutivo Federal otorgó su consentimiento mediante la entrega de notas diplomáticas que se efectuó en la ciudad de París los días 19 de julio de 1994 y 2 de enero de 1995, tal como se obligaron las partes en el artículo 24 de dicho Convenio.