FUERZAS ARMADAS NACIONALES. LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE NIEGA A UNO DE SUS MIEMBROS SU ASCENSO AL GRADO DE OFICIAL SUPERIOR, NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

La determinación dictada por el presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que niega a un miembro de las Fuerzas Armadas el ascenso al grado de oficial superior del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, no es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 11 de la ley orgánica de dicho órgano jurisdiccional. Sin que sea factible encuadrar, por afinidad, el acto combatido en la fracción V del numeral en comento, donde establece que aquel órgano jurisdiccional conocerá de las resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes a favor de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, tomando en consideración que el ascenso escalafonario no puede considerarse o equipararse a una pensión o prestación social, en términos de los preceptos 21 y 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas . Además, según lo dispuesto por el artículo 11, fracción V, segundo párrafo, de la ley orgánica invocada, la sentencia que se llegara a pronunciar en el juicio contencioso administrativo, únicamente puede tener efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; es decir, su dictado tendrá un impacto preponderantemente económico; por tanto, si la pretensión del quejoso no tiene una finalidad eminente y directamente cuantificable en dinero, sino que versa sobre cuestiones de jerarquía, resulta inconcuso que tal tribunal carece de facultades para pronunciarse al respecto, ya que la resolución que en su caso dictara, decretando la nulidad de la resolución controvertida, implicaría que el actor fuese nombrado con el grado que pretende. Aunado a lo anterior, el artículo 89, fracción IV, de la Carta Magna, dispone un sistema complejo para el nombramiento de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en el que intervienen tanto el presidente de la República que los designa, como el Senado que los ratifica; de ahí que no pueda desvincularse a los órganos del Estado que participan en el procedimiento para nombrar a dichos funcionarios públicos; por otro lado, conviene destacar, que los actos del Senado no pueden ser sometidos a la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por no autorizarlo ningún precepto legal o constitucional. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.