DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN TALES SANCIONES, DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ERIGIDO EN JURADO DE SENTENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO AL SER EMITIDA POR UN ÓRGANO FORMALMENTE JURISDICCIONAL, PERO LEGAL Y MATERIALMENTE POLÍTICO-ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

La resolución emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, erigido en jurado de sentencia, por la que destituye e inhabilita a un servidor público en términos de los artículos 96, fracción IX y 111 de la Constitución Política ; 18, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 23 a 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios , todos de la mencionada entidad federativa, para desempeñar cualquier función, empleo, cargo o comisión públicos, con motivo de un juicio político, derivado del procedimiento administrativo instaurado en su contra por el Congreso del Estado, es una resolución emitida por un órgano formalmente jurisdiccional pero legal y materialmente político-administrativo, en virtud de que al resolver en definitiva, no desarrolló propiamente su función jurisdiccional, esto es, no dirimió una contienda entre partes expresamente regulada como de su competencia por las leyes sustantivas o adjetivas, en los ámbitos civil, administrativo, penal o laboral, pues su actuar se circunscribe a resolver un procedimiento cuya finalidad es analizar una "responsabilidad política". Por ende, las resoluciones definitivas del Pleno del mencionado tribunal, mediante las cuales se sanciona la falta cometida por un servidor público, contra las cuales no procede recurso ordinario alguno, al disponer el párrafo segundo del artículo 111 de la citada Constitución que son inatacables, resultan ser actos que sin provenir de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, y en esa tesitura, el Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de ellos, pues acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción II, de la Ley de Amparo , debe tramitarse el juicio de garantías por la vía indirecta ante un Juez de Distrito. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.