MULTA PAGADA PARA SUSPENDER EL ARRESTO DERIVADO DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA DETERMINADA POR UN JUEZ CÍVICO. NO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.

Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la actualización de la causa de improcedencia de la acción de amparo por promoverse contra un acto derivado de otro consentido, precisa, en términos generales, que el acto reclamado en la demanda relativa sea una consecuencia legal, directa y necesaria de otro, anterior y consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad. Esos supuestos no se colman cuando un Juez Cívico impone un arresto conmutable por la comisión de una falta administrativa y la persona sancionada, para obtener su libertad, realiza el pago de la multa respectiva, promoviendo después, dentro del plazo legal, el juicio de amparo contra el arresto y el pago de la multa. Se expone tal aserto, pues el arresto no puede reputarse consentido por el pago en cuestión, ya que, en primer lugar, no es justo exigir a una persona que permanezca privada de su libertad para que pueda ejercitar sus derechos constitucionales respecto de esos actos y, en segundo lugar, aunque el arresto y el pago de la multa son actos que tienen un mismo origen, no puede considerarse que el último sea una consecuencia legal, necesaria y directa del otro, sino que ambos son susceptibles de subsistir de manera autónoma, en la medida de que es posible que se imponga un arresto y el sancionado decida resignarse a permanecer privado de su libertad por el tiempo que determine el Juez Cívico, caso en el cual no existe la posibilidad de emitir una orden de cobro de tesorería ni realizar ningún pago; por lo que el pago de la multa no puede ser considerado un acto derivado del arresto. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.