JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES OBLIGATORIA SU APLICACIÓN CUANDO DECLARA INCONSTITUCIONAL UNA PORCIÓN NORMATIVA QUE NO ESTABA VIGENTE EN LA ÉPOCA EN QUE EL FIADO INCURRIÓ EN LA FALTA DE PAGO DE TRES PARCIALIDADES SUCESIVAS (ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE DEL 10 DE ENERO DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).

El párrafo octavo del artículo 94 de la Carta Magna , señala que la Ley de Amparo fijará los términos en que será obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales, celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Por su parte, el numeral 192 de la Ley de Amparo , dispone la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, al igual que el artículo 76 bis, fracción I , del mismo cuerpo legal, ordena la suplencia de la deficiencia de la queja, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de ese Alto Tribunal; sin embargo, dicha obligación se halla sujeta a que la aplicación de la jurisprudencia sea procedente en el caso concreto. Ahora bien, si se atiende preponderantemente a que aun cuando la jurisprudencia es la interpretación de la ley que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectúa en determinado sentido y que resulta obligatoria para los tribunales colegiados de circuito, entre otros órganos jurisdiccionales, porque así lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no se actualiza la hipótesis de obligatoriedad cuando dicha interpretación que culmina con una declaratoria de inconstitucionalidad, recae sobre una ley inexistente en la época en que el fiado haya dejado de pagar tres parcialidades sucesivas (lo que ocasionó la revocación de su autorización para continuar pagando en parcialidades), esto es, la fracción IV del artículo 67 del Código Tributario Federal , en su redacción vigente desde el diez de enero de mil novecientos noventa y seis, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en cuanto regula la caducidad de las fianzas fiscales, de ahí que sea improcedente la aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 25/2001 que declaró inconstitucional esa porción normativa, más aún, en la época mencionada la caducidad ni siquiera se hallaba establecida en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues ello aconteció a través de la reforma al numeral 120 de ese ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, en vigor a partir del día siguiente. Sostener lo contrario, implicaría que este tribunal introdujera la figura extintiva del contrato de fianza, como es la caducidad, que no estaba prevista por el legislador en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas -la cual únicamente establecía la prescripción-, ni en el Código Fiscal de la Federación. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.