DIRECTOR DE MENORES INFRACTORES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. SU NATURALEZA JURÍDICA NO ES LA DE UN "TRIBUNAL" PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, POR TRATARSE DE UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

De las hipótesis previstas por los artículos 158, párrafo primero y 114, fracción II, de la Ley de Amparo , se desprende que en el primero de ellos se hace referencia a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo como condición para la procedencia del amparo por la vía directa; y en el segundo, en concordancia con aquél, se reserva la vía indirecta para la impugnación de los actos que "no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo"; ahora bien, no obstante que la resolución que emite el director de menores infractores en el Estado de Tamaulipas, al resolver el recurso de revisión, contra la diversa dictada por un consejo tutelar distrital, constituye una "sentencia definitiva"; conforme al sentido que debe otorgarse al término "tribunal" a que se hace referencia tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo, y a la luz de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ocuparse de la procedencia del amparo directo (e indirecto), se concluye que la naturaleza jurídica del referido director, a partir de la interpretación que se hace de la legislación local aplicable, debe reputarse como un órgano administrativo, por su ubicación en el aparato gubernamental de la entidad, de los denominados desconcentrados, pues no reúne las características para ser considerado un tribunal judicial ni menos aún, un tribunal del trabajo, toda vez que, por un lado, no pertenece al esquema de la administración de justicia estatal, que de acuerdo con el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado , está integrado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, las Salas numeraria y auxiliares, los Jueces de primera instancia, los Jueces menores, el Jurado Popular y los árbitros; y por otro, nada tiene que ver con órganos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, encargados de dirimir las relaciones colectivas o individuales entre la clase trabajadora y los patrones (incluyendo al Estado, en esa calidad), previstos, en primer plano, en el artículo 123 constitucional ; ni tampoco puede considerarse como tribunal administrativo por partir de la premisa de que dicho director representa un órgano administrativo, pues no cuenta con facultades legales para dirimir conflictos entre particulares y algún órgano de la administración pública estatal, no garantiza la plena autonomía e imparcialidad, ni sus resoluciones tienen la fuerza de la cosa juzgada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.