CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD DE INICIAR LEYES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, NO ES EXCLUSIVA DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LO QUE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN ESA MATERIA POR EL GOBERNADOR Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

Del citado precepto constitucional, así como del proceso legislativo que concluyó con la adición de su fracción V, se advierte que la facultad para iniciar leyes en materia civil, penal, familiar y las relativas a la organización y administración de justicia no es exclusiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, pues no lo señala así expresamente ni excluye a los demás órganos legitimados para ello. En ese tenor, las iniciativas presentadas por el gobernador o por diputados integrantes del Congreso Estatal en materia de organización y funcionamiento del Poder Judicial no violan el principio de división de poderes que a nivel local tutela el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .