COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE PARA CONOCER DE UN JUICIO DONDE SE CONTROVIERTE EL PATRIMONIO DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE SE ENCUENTRA DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO Y ES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.

En términos de los artículos 1o., 2o., 4o., 16, 34, 37, tercer párrafo y 42, todos de la Ley General de Bienes Nacionales , se clasifica a los bienes del dominio público en bienes de uso común, los destinados a un servicio público, los propios que de hecho se utilicen para dicho fin, los equiparados a éstos, conforme a la ley, los que no sean normalmente sustituibles y aquellos cuya conservación sea de interés nacional. Los bienes destinados a un servicio público son los afectados a ciertas necesidades cuya atención está encomendada al Estado, estos bienes no pueden ser enajenados sin que previamente sean cambiados de destino por los procedimientos especiales señalados para ese efecto ni están sujetos a prescripción, expropiación por causa de utilidad pública, ni el derecho de propiedad puede ser desmembrado ni gravado, esto es, la necesidad pública que motiva su destino está por encima de cualquier otro interés del Estado. Éstos se clasifican a su vez con arreglo a dos criterios: uno se refiere a los bienes destinados a la residencia de los poderes públicos y el otro a los bienes destinados a atender concretamente ciertas necesidades públicas cuya satisfacción está encomendada al Estado. Así, puede determinarse que los bienes del dominio público destinados a un servicio público, son aquellos propiedad del Estado que se encaminan a desarrollar las actividades del mismo, ejecutadas en sus atribuciones de poder público, ya sea en sus funciones orgánicas, o bien, en las dirigidas a la satisfacción de necesidades públicas cuya atención le está encomendada; por lo contrario, no son servicios públicos aquellas actividades del Estado en que él actúa, no en atribuciones propias de poder público, sino como cualquier particular. En este orden de ideas, puede colegirse que los bienes de dominio público son los bienes propiedad del Estado Federal, de uso común o destinados a un servicio público, entendido éste como la actividad del Estado tendiente a satisfacer necesidades colectivas de interés público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a ellos, que se consideran inalienables, imprescriptibles y respecto de los cuales, las instituciones públicas y los particulares, sólo pueden adquirir, sobre el uso, aprovechamiento y explotación, los derechos que establecen la Ley General de Bienes Nacionales y las demás leyes que dicte el Congreso de la Unión. Ahora bien, el patrimonio de los organismos descentralizados, entendido como una universalidad jurídica, se integra con bienes o derechos que pueden consistir en las aportaciones que efectúen el Gobierno Federal u otras entidades públicas o privadas al momento de su creación, en bienes afectados por la Federación a la prestación de un servicio público, en los ingresos que obtengan por los bienes o servicios que realicen y por los bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título, de manera tal que dentro de su patrimonio se encuentran bienes que son propiedad de dichos organismos y bienes que son propiedad de la nación, que se consideran de dominio público cuando los organismos descentralizados los utilicen para el objeto para el cual fueron creados, o bien, cuando estén afectados por la Federación a un servicio público; esto es así, porque los bienes que integran el patrimonio de los organismos descentralizados, que hayan sido afectados a la prestación de un servicio público, si bien aparecen formalmente integrando el patrimonio de tales entidades públicas, en rigor resultan ser propiedad del Estado, dado que éste tiene un derecho real sobre los mismos, y sólo se destinan al servicio público cuyo objeto corresponde a dichos organismos que tienen sobre los bienes referidos sólo el derecho de uso, aprovechamiento y explotación, sin que ese destino transmita la propiedad, como se advierte de lo dispuesto en los artículos 16 y 37, penúltimo párrafo; es por ello que se ha considerado que los bienes propiedad del Estado que integran la universalidad jurídica de los organismos descentralizados, configuran un patrimonio estatal de afectación, en cuanto que es asignado (sin transmitir la propiedad), al organismo descentralizado para permitirle que cumpla con sus fines, que son algunos de los que tiene el Estado; por tanto, para que los inmuebles que forman parte del patrimonio de los organismos descentralizados se consideren de dominio público y, por ende, propiedad del Estado, deben reunir cualesquiera de los siguientes requisitos: que los organismos descentralizados los destinen a infraestructura, reservas y unidades industriales; que los asignen o afecten directamente a la exploración, explotación, transformación o distribución de recursos naturales y prestación de servicios; o bien, que los utilicen en las actividades específicas que tengan encomendadas conforme a sus respectivos objetos, siempre que éstos se relacionen con la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios. En consecuencia, si los bienes del dominio público de la Federación son inalienables e imprescriptibles y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, debe lógicamente concluirse que tales bienes sólo pueden ser propiedad de la Federación, y los particulares, las instituciones y organismos públicos sólo pueden adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de esos bienes los derechos regulados por la propia Ley General de Bienes Nacionales y las otras que expida el Congreso de la Unión, dentro de los cuales no se incluye la propiedad. Se sigue de lo anterior que los bienes propiedad de los organismos descentralizados que se destinen a los usos y actividades especificados en la fracción VI del artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales, dejan de ser propiedad de dichos organismos para incorporarse a la de la Federación como bienes de dominio público afectados a un servicio público, y mientras tengan tal calidad sólo pertenecen a la Federación, siendo necesario que se desincorporen del patrimonio nacional para que puedan ser objeto de apropiación por parte de los particulares o de alguna institución u organismo público, lo que implica que la competencia para conocer de un juicio donde se controvierta un bien patrimonio de un organismo descentralizado, corresponde a un Juez de Distrito. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.