DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNE LA CONSTITUCIÓN O EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

La tarifa establecida en la fracción III del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2003, para el pago de derechos por inscripción de documentos en los cuales se consigne la constitución, aumento o disminución de capital social, fusión o escisión de las sociedades mercantiles, que los causantes deberán pagar con base en la tasa del "0.6%", sobre el importe del capital social, viola los principios de proporcionalidad y equidad instituidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues para determinar el monto de los derechos por inscripción de documentos, toma en cuenta elementos extraños al costo del servicio, como es el capital social en giro de las sociedades mercantiles y no el costo aproximado del servicio individual que presta el Estado, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual se traduce en la suma de recursos materiales que se invierten para la prestación del servicio de inscripción de documentos en sus diferentes aspectos; de manera que las personas que acudan a solicitar ese trámite, pagarán una mayor o menor cantidad, dependiendo siempre del capital social que se consigne en los instrumentos cuya inscripción gestionen, ocasionando con ello que por un servicio igual los particulares paguen tarifas diferentes y, en consecuencia, el derecho se vuelva desproporcionado e inequitativo, pues la diferencia que pueda existir en cuanto al capital social, su incremento o disminución, es una cuestión ajena al costo del servicio individual, el cual no se incrementa o disminuye por otorgarse a personas morales constituidas por un determinado capital social, ni porque se incremente o disminuya el mismo; además, el beneficio obtenido por el servicio, es idéntico en cualquiera de esos casos, por lo que no hay razón alguna para establecer distinción, como desproporcional e inequitativamente lo hace el citado dispositivo legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.