PÉRDIDAS FISCALES PARA EFECTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA. SU ACTUALIZACIÓN PROCEDE SÓLO RESPECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES (LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 1995).

De la interpretación literal y sistemática del artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco, se desprende que no pueden actualizarse las pérdidas que sufran las empresas controladas antes de determinar la utilidad fiscal consolidada de la controladora, ya que esta utilidad es la única que, de manera expresa y conforme a su fracción II, puede disminuirse, en caso de ser utilidad, con las pérdidas fiscales consolidadas y actualizadas de otros ejercicios, atendiendo a la interpretación estricta del mencionado artículo, que prevé la actualización de las pérdidas única y exclusivamente después de determinada la utilidad fiscal consolidada, sin dar la posibilidad a interpretación alguna distinta a la literal por referirse a uno de los elementos de la base del impuesto a cargo de las empresas controladoras, acorde con lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación ; y si bien, a fin de definir cuándo procede la actualización de la pérdida, conforme a lo establecido en el artículo 57-E, fracción II, del ordenamiento jurídico anteriormente invocado, debe estarse a lo dispuesto en su artículo 55 , de cuyo estudio histórico se aprecia lo siguiente: si bien es cierto que en mil novecientos ochenta y siete se previó por primera vez la revaluación o actualización de la pérdida fiscal, según se advierte del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, también lo es que el mencionado artículo 55 define la pérdida fiscal como la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos, y permite que las pérdidas sufridas en un ejercicio se puedan amortizar contra las utilidades fiscales de los cinco ejercicios siguientes, con la actualización respectiva, pero sólo cuando se aplique en los ejercicios siguientes a aquel en que ocurrió la pérdida, pues la revaluación o actualización, desde su origen, se refiere a la pérdida fiscal pendiente de disminuir de ejercicios anteriores, y no a la que se aplica en el ejercicio en que se genera; lo que resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 57-E, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa y cinco, que partiendo del principio de que sólo puede actualizarse la pérdida fiscal pendiente de disminuir de ejercicios anteriores, permite restar de las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate, correspondientes a las sociedades controladoras, las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin precisar el supuesto de actualización, precisamente porque esas pérdidas corresponden al mismo ejercicio por el que se determina el resultado fiscal consolidado, y no a ejercicios anteriores, y como consecuencia de la posibilidad jurídica de actualizar los saldos de las pérdidas pendientes de amortizar a que se refiere el numeral 55 citado, el propio artículo 57-E contempla la posibilidad de disminuir a la utilidad fiscal consolidada, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de otros ejercicios distintos a aquel en que ocurrió la pérdida, resultando así que la actualización sólo procede respecto de las pérdidas fiscales consolidadas de otros ejercicios, a fin de obtener el resultado fiscal consolidado, pero no en lo que se refiere a las pérdidas fiscales en que hayan incurrido las sociedades controladas por el ejercicio en que se efectúe el cálculo de esas pérdidas, para obtener la utilidad fiscal, pues éstas se actualizarán posteriormente, cuando se disminuya el monto de la pérdida de ejercicios anteriores, contra la utilidad fiscal consolidada que se determine en los ejercicios siguientes. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.