AMPARO CONTRA LA NORMA LEGAL QUE PREVÉ UNA EXENCIÓN DE IMPUESTOS. PROCEDE ÚNICAMENTE SI SE RECLAMAN, DE MANERA SIMULTÁNEA, LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN QUE SE INSERTÓ AQUEL PRIVILEGIO.

En el régimen fiscal mexicano, cada ley impositiva expedida por el Congreso de la Unión establece un sistema tributario particular y propio, previendo sus elementos esenciales tales como sujeto, objeto, base gravable, tasa, cuota o tarifa, forma de pago y tiempo de pago, así como eventualmente un apartado de deducciones y exenciones. La interacción de cada uno de esos elementos, en una determinada época, constituye para el contribuyente un sistema impositivo particular y específico, de tal manera que la alteración de uno solo de esos factores transforma dicho sistema para convertirse en uno nuevo, con características propias y distintas de las del anterior; de ahí que, como lo ha reconocido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, la reforma de un precepto, si bien no permite reclamar toda la ley, legitima al gobernado para combatir los demás artículos que resulten directamente afectados. Sobre esa base, cuando por virtud de una reforma legislativa se inserta en un sistema impositivo una determinada exención del gravamen, tal alteración produce el nacimiento de un nuevo sistema tributario y, con él, surge la legitimación para impugnarlo a todo aquel contribuyente que sin encontrarse en el supuesto de la exención, considere que ese nuevo sistema resulta inconstitucional por inequitativo, al tratar desigual a los iguales. Tomando en cuenta que el efecto del amparo contra leyes consiste en nulificar la eficacia jurídica de la norma reclamada en relación con el quejoso, cuando el contribuyente acuda a la instancia constitucional a impugnar la norma que prevé una exención, atendiendo a la propia naturaleza de esa institución, necesariamente debe impugnar, simultáneamente, las demás disposiciones que establezcan los elementos esenciales del sistema tributario en que se insertó aquel privilegio, porque sólo así (en la eventualidad de que el examen relativo lleve a considerar que, efectivamente, el sistema impositivo, en su conjunto, se tornó inequitativo), sería factible nulificar la eficacia jurídica de él en su integridad y restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, al impedir que ese sistema inconstitucional se aplique en su perjuicio. De esa guisa se sigue que si el quejoso acude al juicio de garantías impugnando únicamente la norma que prevé la exención, resultaría jurídicamente imposible restituirlo en el goce de la garantía individual violada, porque, por una parte, en la eventualidad de obtener un fallo favorable, no lograría la liberación del pago del tributo en la medida que la obligación no proviene del artículo reclamado, sino del sistema tributario particular y propio creado por la ley relativa, el cual quedaría intocado; y, por otra, el efecto del amparo, en ese supuesto, sería dejar sin efectos la norma que precisamente prevé el beneficio en que el contribuyente desea ser incluido, siendo ilógico que se establezca un privilegio a su favor, fundándose en un acto contrario a la Carta Magna y sin que sea jurídicamente válido tampoco que, en esa hipótesis, el efecto del amparo sea incluir al contribuyente en el privilegio de exclusión, porque sería tanto como que el Poder Judicial de la Federación, invadiendo la esfera de competencia del Congreso de la Unión, legislara e incluyera en una exención prevista en la ley a un determinado sujeto que el legislador en momento alguno previó, máxime si se toma en cuenta que por la entidad de una exención, el artículo 28 constitucional establece, en su primer párrafo, que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidas las exenciones de impuestos, pero sólo en los términos y condiciones que fijan las leyes; es decir, encarga al Poder Legislativo, único facultado para expedir leyes, establecer con precisión las circunstancias en que puede o no operar una medida liberatoria de impuesto como lo es la exención, tema abordado también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: " EXENCIÓN DE IMPUESTOS. SÓLO COMPETE ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO EN UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA .". En ese orden de ideas, el amparo pedido sólo contra la norma que prevé la exención es improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII , en relación con el diverso 80 de la Ley de Amparo , por existir la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria que se dicte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.