INGRESOS FEDERALES COORDINADOS. EL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE DESARROLLA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN LO RELATIVO A COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIDADES, TIENE LA NATURALEZA DE UN REGLAMENTO FEDERAL.

De lo previsto en dicho acuerdo se advierte que su finalidad es complementar y desarrollar la Ley de Coordinación Fiscal en lo relativo a la colaboración administrativa de las autoridades locales del Distrito Federal para la recaudación de impuestos federales coordinados y que no sólo contiene lineamientos o reglas relacionadas con la colaboración administrativa fiscal entre tales autoridades y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que, además, incluye disposiciones de observancia general que incorporan, en la esfera competencial de diversos órganos de la administración pública del Distrito Federal, atribuciones en materia de administración tributaria, al precisar incluso el alcance de éstas y establecer obligaciones a su cargo, es decir, contiene disposiciones que cumplen con los requisitos de generalidad, permanencia y abstracción, puesto que su observancia no se agota con su aplicación a un caso concreto, sino que perviven y rigen sin consideración de especie o de personas para todos los casos idénticos al que prevén, en tanto no sean abrogadas. En congruencia con lo anterior, si el acto jurídico por el cual el presidente de la República emite disposiciones de observancia general, con el fin de desarrollar o ejecutar lo dispuesto en una ley, con independencia de la denominación que se le dé, constituye una expresión de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se concluye que el referido acuerdo tiene la naturaleza de un reglamento federal, en virtud de que participa de los atributos de la ley en sentido material, al estar integrado por un conjunto de disposiciones abstractas e impersonales de observancia general que tienen por objeto desarrollar las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación.