ACCIÓN PAULIANA. LA PRESUNCIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EN FAVOR DEL ACREEDOR EL ARTÍCULO 2179 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE AL DEUDOR VENDEDOR Y NO AL TERCERO QUE CONTRATÓ CON ÉL.

Los artículos 2163 y 2164 del Código Civil para el Distrito Federal establecen, entre otros elementos de la acción pauliana o revocatoria, la exigencia de demostrar que en la enajenación cuya revocación se demanda hubo mala fe, tanto por parte del deudor vendedor, como del tercero que contrató con él. Esa es la regla general, misma que encuentra un caso de excepción, o regla especial, prevista en el artículo 2179 del Código Civil para el Distrito Federal, conforme a la cual el actor queda relevado de la carga de demostrar la mala fe del deudor vendedor, ante la presunción legal de enajenación fraudulenta que opera en su favor, y queda entonces a cargo del deudor vendedor y demandado, destruir la presunción legal de referencia. No obstante lo anterior, la presunción legal en cuestión no alcanza ni afecta al tercero adquirente, respecto del cual el actor no queda relevado de la carga de demostrar que actuó de mala fe en la enajenación. Lo anterior debe ser así, en atención a que el hecho conocido que da base a la presunción legal en cuestión, consiste en que existe en contra del deudor vendedor una sentencia de condena en cualquier instancia o un mandamiento de embargo, y el hecho desconocido consiste en averiguar si en el acto oneroso que realizó actuó de mala fe, a lo que la ley establece una consecuencia en forma expresa que deriva en considerar fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas (deudor) contra quienes se hubiera pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudiquen los derechos de sus acreedores, lo cual es explicable si se toma en cuenta que la presunción legal en comento trata de reducir las dificultades que en la práctica se presentan para demostrar la mala fe con la que se condujo la parte vendedora, partiendo de una base objetiva, consistente en la existencia de una sentencia de condena en cualquier instancia o de un mandamiento de embargo, anteriores a la realización del acto oneroso, así como porque la lógica conduce a establecer que el deudor, conocedor de su propia situación económica, está al tanto de las acciones legales que se hayan efectuado en su contra, y ante la existencia de una sentencia de condena en su contra o de un mandamiento de embargo, puede tender a proteger sus intereses y efectuar actos onerosos de manera fraudulenta en perjuicio de sus acreedores, pero no sucede lo mismo con el tercero adquirente, porque la sentencia o el mandamiento de embargo no fueron dictados en su contra, y porque por su condición, en principio, de persona ajena a la controversia en la que se dictó la sentencia o el mandamiento de embargo, cuya existencia previa al acto oneroso da base a la presunción legal referida, no es racional que se le considere a priori, enterado del estado patrimonial del deudor y de las sentencias o mandamientos de embargo que hubieran sido dictados en su contra y, en consecuencia, los efectos de esa presunción legal no deben hacérsele extensivos, sino que el actor seguirá teniendo la carga de probar, por medios distintos a esa presunción legal, que el tercero que contrató con el deudor vendedor actuó de mala fe. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.