BAJA DE POLICÍA POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO, AUNQUE LA RESOLUCIÓN HUBIERA SIDO POSTERIOR A LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), DEBE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA REINSTALACIÓN Y EL PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE DEJARON DE CUBRÍRSELE.

De lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que establece: "Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.", se advierte que, por regla general, cuando se otorgue el amparo en contra de una resolución que decreta la baja de un miembro de una institución policial, al no proceder la reinstalación, la sentencia tendrá que cumplirse indemnizándolo, tratándose, lógicamente, de una baja decretada con posterioridad a la iniciación de la vigencia del párrafo transcrito. Sin embargo, dicha regla general no opera cuando la baja fue decretada por autoridad incompetente y la protección constitucional se otorgó por esa causa, puesto que un acto de tal naturaleza no puede surtir efecto alguno, ya que la consecuencia del amparo concedido en esa hipótesis equivale a declarar la inexistencia jurídica de un acto realizado por quien no tenía atribuciones para ello, por lo que para cumplir la sentencia se debe reinstalar al quejoso y cubrirle las prestaciones que no se le pagaron, como si el acto nunca hubiera existido.